Así lo ha indicado el consejero en rueda de prensa en Sevilla, donde ha estado acompañado por los diferentes agentes económicos del sector del comercio, tales como representantes de los sindicatos UGT-A y CCOO-A, Antonio Cardeña y Gonzalo Fuentes, respectivamente; el presidente de la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), Manuel García, así como representantes de la organizaciones de consumidores Facua, Jordi Castilla; UCE-A, Juan Moreno, y la presidenta de la Federación Al-Andalus, María Ángeles Rebollo.

Rodríguez ha explicado que, en cuanto a los elementos de forma, el recurso se basa en el hecho de que «no se puede utilizar la vía del Decreto-ley para sustraer al Parlamento andaluz y al sector la capacidad de intervención, diálogo y de decisión».

De otro lado, se ha referido a los elementos de fondo y ha asegurado que mediante esta iniciativa del Gobierno central «se violentan las competencias exclusivas de Andalucía en materia de comercio interior», garantizadas en el Estatuto de Autonomía, que «es Ley Orgánica y forma parte del bloque constitucional», ha apostillado.

Además, el consejero del ramo ha precisado que ratificarán «la plena vigencia de la normativa comercial de Andalucía», lo que significa que las nuevas zonas de gran afluencia turística se regirán «en base al decreto en vigor en la Comunidad», el cual articula el procedimiento, los requisitos y la competencia para declarar estas zonas. Por tanto, «será la Junta la que decidirá el ámbito temporal y geográfico de cada una de estas zonas que se

declaren en la región», ha asegurado.

EXTENSIÓN TEMPORAL DE LOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE APERTURA

Asimismo, van a abrir una «reflexión» en torno a la ubicación temporal de los domingos y festivos de apertura. En estos momentos, existe un límite máximo de diez días de apertura para todos los formatos comerciales, toda vez que «todo aquel comercio con una superficie inferior a 300 metros cuadrados ya tiene libertad de horarios los 365 días del año en Andalucía».

En este sentido, Rodríguez ha explicado que el Gobierno central ya amplió en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el mínimo de domingos y festivos de apertura hasta diez en el conjunto del país, ante lo que el Gobierno andaluz convirtió «ese mínimo en máximo».

De esta manera, en el marco del diálogo, los diferentes agentes del sector llegaron a un acuerdo mediante el cual estos días se concentraban en gran medida en el mes de diciembre. No obstante, «ante la ruptura permanente de ese diálogo y consenso, así como de ese modelo comercial por parte del Ejecutivo central y las grandes superficies; también nos plantearemos la extensión temporal para el año próximo de los domingos y festivos de apertura», ha informado.

LA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA TODOS

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«Ese es el objetivo y la filosofía que ha regido en todas las actuaciones de la Junta y esta iniciativa del PP violenta el consenso conseguido hasta la fecha», ha lamentado Rodríguez, quien ha censurado que «mientras en Andalucía se practica el diálogo y el consenso, el PP en el Gobierno central practique la imposición».

Y es que, como ha apuntado, en Andalucía hay en torno a 112.000 comercios, de los que «el 97 por ciento tiene menos de tres trabajadores». Por tanto, «cuando hablamos de modelo comercial andaluz, estamos hablando de un modelo basado fundamentalmente en la micro y pequeña empresa, así como en los autónomos, que constituyen el grueso principal del tejido comercial de la Comunidad», ha concluido.

En esta misma línea se ha manifestado el presidente de la CECA, quien ha reivindicado este modelo comercial existente en Andalucía, ya que «lo vienen defendiendo desde hace años». Así, ha tachado de «agresión» la iniciativa del Ejecutivo de España, puesto que, a su juicio, «no es necesaria ni la ha demandado el sector». «El problema en la Comunidad es el consumo, y porque haya más horas para abrir no se va a consumir más», ha añadido, a la par que ha esperado que finalmente «se pueda legislar de acuerdo con los deseos de las partes integrantes».

LA AMPLIACIÓN DE HORARIOS «PRECARIZA» LAS CONDICIONES LABORALES

Por su parte, el representante de CCOO-A ha criticado esta «vuelta de tuerca más innecesaria» del Gobierno central, ya que «favorece a las grandes empresas rompiendo el equilibrio entre los diferentes formatos comerciales». Para Fuentes, «abrir más no crea empleo, sólo lo precariza». De hecho, en la Comunidad de Madrid, que «el PP la plantea como la meta del horario comercial», en el primer semestre de 2014, en comparación con el de 2013, «se han perdido un total de 455 empleos», ha indicado.

Desde el sindicato UGT-A, han aseverado que el Ejecutivo central «destruye empleo» y «el que promociona es empleo sin condiciones ni derechos». Es por ello que Cardeña ha instado a la Junta a tomar medida para «defender» el Estatuto de Autonomía y derogar el decreto que amplia la liberalización de horarios comerciales.

LOS CONSUMIDORES, TAMBIÉN EN CONTRA

Igualmente se han posicionado desde las organizaciones de los consumidores. Así, el representante de Facua ha tachado de «decretazo» la iniciativa del Gobierno, ya que se ha hecho «sin comunicación, debate, ni consenso de las autonomías y las organizaciones», ha censurado Castilla, al tiempo que ha lamentado que el hecho de que «el PP lo que va a conseguir al final es que sólo existan grandes superficies en España».

La Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A) también se ha unido a este «rechazo» al decreto y Moreno ha advertido de que en el proceso de elaboración de la norma «ha brillado por su ausencia la participación», por lo que ha animado a todos a «plantar cara» a las medidas del Gobierno central.

De este modo, la presidenta de la Federación de Consumidores Al-Andalus también ha mostrado su «absoluto rechazo» a la liberalización de horarios, reafirmándose en la «defensa» del  modelo comercial andaluz actual.

«El Gobierno central quiere convencer a la opinión pública de que estas medidas van a aumentar el consumo, cuando el problema es que los consumidores han visto reducidas sus rentas, por lo que, aunque amplíen los horarios, no pueden comprar», ha apuntado. Por ello, ha instado a la Junta a que «lidere» el proceso de «rechazo» a esta iniciativa y conseguir así la modificación de la normativa.