IAM/Redacción El Gobierno repercutirá sobre las administraciones públicas incumplidoras la multa millonaria que le impuso el Tribunal de Justicia de la UE por depurar mal sus aguas residuales en 17 núcleos urbanos, entre los que se encuentra Tarifa. Foto Archivo
Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha comparecido en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para informar sobre las causas y las consecuencias de la sanción del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de junio.La sentencia condenó a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones por incumplir la norma comunitaria de saneamiento de aguas en 17 núcleos.La depuradora de Tarifa, en marcha oficialmente desde el pasado verano, fue construida por la Junta de Andalucía. Morán ha precisado que aunque Tarifa tiene estación depuradora, las muestras que se han obtenido fuera del periodo estival, cuando la carga es más elevada, no satisfacen la directiva europea.Morán ha explicado que negocia con la UE el pago de la multa coercitiva y que la sanción de 12 millones de euros ha sido ya adelantada por el Estado, pero el Gobierno prepara un acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros y repercutir esa cantidad sobre las administraciones que han sido responsables de los incumplimientos.Según el secretario de Estado, la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia europeo “erosiona” la credibilidad de España, resta recursos que se podrían dedicar a mejorar la calidad del agua y amenaza el acceso a posibles fuentes de financiación europeas.Morán ha calificado de “inadmisible” y de “desastrosa” la situación que se encontró el actual Gobierno en materia de depuración de aguas residuales y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja ahora “contra reloj” para revertirla.El secretario de Estado ha informado de que para hacer frente a esta situación, el Gobierno va a lanzar el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) que incluye unas 3.500 actuaciones y una inversión estimada de 10.000 millones de euros en los próximos 18 años (dos terceras partes correspondientes a las comunidades autónomas).
