(Caso ERE): La Cámara de Cuentas denuncia una «filtración interesada»

Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas

TCAM-ANDALUCÍA/M.P.

La Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación tras recibir una denuncia de la Cámara de Cuentas de Andalucía por la «filtración interesada» de un «documento interno no oficial» sobre el trabajo «no terminado» de fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis otorgadas por la Junta de Andalucía.

Fuentes del Ministerio Público han informado a Europa Press de que ha sido este mismo lunes cuando la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha decidido incoar diligencias de investigación tras recibir la denuncia por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que puso los hechos en su conocimiento al entender que se podría haber incurrido en un posible delito de revelación de secretos.

Al hilo de ello, las mismas fuentes consultadas por Europa Press han detallado que fue el pasado viernes día 1 de junio cuando la Cámara de Cuentas puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla, que ha decidido abrir diligencias de investigación al respecto.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ya consideró algo «muy grave» y que «marca un antes y un después» en la actividad del ente fiscalizador dicha «filtración interesada de un documento no oficial» relativo al informe de los ERE, que, según recordó, «no está terminado», de forma que, a su juicio, dicha filtración «es un intento de limitar y condicionar la labor del equipo de fiscalización y pone en entredicho la independencia de la Cámara de Cuentas, pues se persigue condicionar la voluntad de este pleno».

Por ello, López anunció que el ente fiscalizador, de acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pondría este hecho en conocimiento de la Fiscalía «por si pudiera vulnerar el artículo 417 del Código Penal relativo a la revelación de secreto», precisando que dicho artículo señala que a la autoridad o funcionario público que revelara secretos o información que no debiera ser divulgada se le impondría una pena de multa de 12 y 18 meses e inhabilitación para cargo público por un periodo de uno a tres años.

Junto a dicha acción judicial, la Cámara de Cuentas abrirá un expediente informativo de carácter interno, toda vez que dicho ente fiscalizador «obliga a todos sus miembros el deber riguroso de sigilo respecto a documentos, hechos o datos que se conocen por razón de su trabajo».

«No es el informe definitivo»

El presidente de la Cámara de Cuentas indicó que este proceso de investigación y depuración se efectuará paralelo al trabajo de auditoría que se seguirá desarrollando. López reconoció la «preocupación» especialmente del equipo de auditoría, formado por tres auditores y dos técnicos, por lo que pudiera ser «una distorsión en su labor».

El presidente de la Cámara de Cuentas dejó claro que el informe «dirá lo que tenga que decir cuando lo tenga que decir, sin permitir manipulaciones interesadas», aclarando que este borrador o «documento interno» no es el informe definitivo, que esperan tener en mes o mes y medio y que cree que podrá estar listo antes de la comisión de investigación parlamentaria, algo que, a su juicio, «sería algo bueno para ayudar a formar la opinión de la comisión».

El documento interno al que se hace referencia advierte de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuando era consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Manuel Chaves, autorizó desvíos al llamado ‘fondo de reptiles’ «que no se ajustan» a las normas de la Junta.

Declaración institucional de la Cámara de Cuentas

El pleno de este organismo ha aprobado una declaración institucional en la que advierten «no vamos a permitir ningún tipo de injerencia en nuestra labor, provenga de donde provenga» y apelan a la responsabilidad de los partidos políticos «para que eviten declaraciones o actuaciones que puedan deslegitimar la labor de la institución o de cualquier miembro de la misma, ya que entendemos que se pone en peligro uno de los pilares necesarios para el desarrollo del sistema democrático, que es la independencia y la autonomía en la toma de decisiones».  

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