IAM/Redacción El Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz ha sido condenado a reintegrar más de 200 euros, más los intereses legales, a un trabajador que tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo para acudir a una cita médica fuera de la comunidad andaluza y que la empresa dejó de pagarle aun estando la cita programada y comunicada por adelantado. Pero lo peor, para CSIF, es que el Consorcio tendrá que hacerse cargo de las costas del juicio (sobre el que no cabe recurso), suponiendo un gasto de cerca de 3.000 euros, entre gastos de los abogados de las dos partes más los derivados del propio juzgado. Unos 3.000 euros que tendrán que pagar los propios ciudadanos, contribuyentes, a través de este organismo público.

Representantes de CSIF se reunieron en varias ocasiones con el Presidente del Consorcio con el fin de que se recondujese «este disparate» y se le reconociera al trabajador el derecho a ausentarse de su puesto de trabajo para asistir a una consulta médica fuera de la Comunidad Andaluza, ya que el tratamiento necesario  no se aplica en dicha Comunidad, cuya cita, día, hora y lugar, había sido establecida por el Servicio Andaluz de Salud y no por voluntad propia.

La sentencia judicial reconoce el derecho de los trabajadores a la asistencia médica sin merma de sus retribuciones, máxime cuando esta visita médica estaba programada por adelantado, se había comunicado conforme a lo establecido y se justificó debidamente y por escrito.

Con esta denuncia pública CSIF quiere poner de manifiesto el talante del presidente del Consorcio, Fernando García Navarro, del Partido Popular, en estos tiempos de austeridad, recortes y sacrificios, cuya gestión va a suponer un nuevo derroche en el gasto de dinero público. Actualmente, el presidente del Consorcio ha abierto varios expedientes disciplinarios a tres trabajadores del mismo, coincidentemente afiliados a CSIF, como el caso de la sentencia mencionada. Ha impuesto una sanción a un jefe de guardia de seis meses de empleo y sueldo de «forma cautelar», medida que está cumpliendo desde el 2 de abril, mientras se instruye el expediente, aduciendo que el jefe de guardia, “al negarse a cumplir la orden de «barrer la calzada», “…. produce un claro descrédito de la imagen pública de la Administración…”. Parece ser que los trabajadores según el representante del Partido Popular no tienen derecho a la presunción de inocencia, cosa que no concuerda con los políticos acusados de corrupción  para los cuales sí se solicita se respete esa presunción.

CSIF recuerda que el presidente del Consorcio y, a su vez, presidente de la CONBE (Asociación de Consorcios de Bomberos de España) tiene unas retribuciones superiores a los 100.000 € anuales, mientras que a la totalidad de los funcionarios públicos se nos quitaba la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. Por eso, CSIF solicita que los responsables del PP digan si es cierto que el presidente del Consorcio se subiera el sueldo en  el año 2012, año en el que los empleados públicos y ciudadanos han sufrido los mayores recortes en sus derechos tanto económicamente como en servicios sociales como sanidad, educación, etc.

Dentro de unos meses previsiblemente, los bomberos de la provincia volverán a tener problemas para el cobro de las nóminas, situación que fue primera plana en septiembre y octubre de 2012 en todos los medios de comunicación a nivel nacional, cuando en plena protesta un ciudadano chino quiso comprar el Parque de Bomberos de Jerez. También hay que recordar que este mismo Parque de Bomberos se cae a pedazos, los parques de Sanlúcar y Tarifa son insalubres y no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, los vehículos se averían y no hay presupuesto para su arreglo, en las prácticas diarias se simulan determinados supuestos de intervenciones e igualmente se simulan los medios que se utilizarían para afrontarlos, no se pueden gastar extintores o utilizar espumógeno, se han suprimido operadores en la Sala de Emergencias y en algunos parques de bomberos no hay ordenadores para la normal realización de los Partes Diarios o informes, las linternas, los equipos de comunicación, trajes de intervención en incendios con remiendos y así mucho más …… y el representante del Partido Popular  dice que el compañero expedientado, al negarse a barrer la calzada, ha desacreditado la imagen pública de la administración.