IAM/Redacción El informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2017’, presentado hoy por APDHA señala la alarmante situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), uno uno de los grandes «agujeros negros» en el ranking de vulneraciones de los derechos.

En estos centros se encarcelan a personas que no han cometido ningún delito, según la asociación, que recuerda que, según los datos del Ministerio del Interior, durante el año pasado solo el 29 % de las personas internadas fueron expulsadas. «Se trata de un mecanismo inútil, que solo sirve como elemento de represión y castigo», critica la organización.Una de las situaciones más polémicas es la del CIE de Algeciras. La asociación recuerda que en 2010 la Oficina del Defensor del Pueblo pidió su cierre por ser sus instalaciones «absolutamente inadecuadas, con un más que deficitario estado de conservación y lamentable higiene».APDHA señala que «en no mejores circunstancias» se encuentra el CIE de Tarifa, «donde hay celdas que tienen por retrete un agujero en el suelo expuesto a la vista de todos».

La asociación denuncia que «se profundiza hasta el extremo en la vulneración de los derechos humanos: se criminaliza a las personas refugiadas, se representa al migrante como una amenaza y se da carta blanca a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reprender violentamente, con las devoluciones en caliente, el ejercicio de derechos como el derecho de asilo, el principio de no devolución, la prohibición de devoluciones colectivas y la protección de menores o de potenciales víctimas de trata».En el informe, que recoge la investigación de campo realizada durante meses, además de recoger el trabajo que distintas organizaciones -públicas o privadas- realizan con las personas migrantes en Andalucía, Ceuta, Tánger y Melilla, detallan las opiniones de estas personas migrantes que esperan en los bosques de Marruecos próximos a la frontera.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, además de denunciar las distintas formas en la que los gobiernos promueven y vulneran los derechos humanos, exige que se respeten los derechos de las personas en la Frontera Sur, se cumpla el derecho internacional y se establezcan vías seguras para que quienes huyen de la guerra y el hambre o por decisión propia puedan encontrar un futuro sin tener que arriesgar su vida en ello.