El pasado días 10 de Noviembre se produjo Sentencia en los Juzgados de Algeciras en la que se desestima una demanda de la Comunidad de Propietarios de la urbanización el Cuartón, contra un propietario por impago de cuotas.
La Sentencia desestimatoria , se basa en la falta de legitimidad de esta Comunidad para reclamar cuotas para la conservación de la urbanización, dado que esta urbanización pertenece a la promotora y por lo tanto le corresponde su mantenimiento.
Manifiestan que esta sentencia viene a respaldar nuevamente las producidas contra la Comunidad de Propietarios en varios años consecutivos desde 1998 a 2003, y de lo cual era conocedor el Ayuntamiento, quién ha venido dando pábulo a una serie de propietarios que han sometido al resto de propietarios a un régimen jurídico ficticio.
La sentencia señala que no hay elementos comunes en la urbanización, lo que impide que existan coeficientes de Propiedad que fundamenten el sometimiento a la Ley de Propiedad Horizontal, y que es su único dueño al que le corresponde por ley construir y conservar la urbanización, y que gracias a la negligencia del Ayuntamiento de Tarifa, nunca construyó y nunca la conservó, declara la Asociación Cuartón Parque.
Hoy día el promotor, ha conseguido una Sentencia favorable a la expropiación de esos elementos comunes, calles y zonas verdes por la que pide más de siete millones de euros, que tendrá que pagar la ciudadanía de Tarifa.
La Asociación de Vecinos manifiesta que este asunto no es más que el resultado de la dejación e inactividad del Ayuntamiento de Tarifa, lo que ha permitido que con el transcurso de más de treinta años prescriban las obligaciones del promotor y ahora, lo que debía ser entregado gratuitamente al ayuntamiento, deberá se expropiado y pagado con dinero público, una urbanización que está sin construir, y mientras ha amparado que una serie de propietarios que mediante una comunidad ficticia ha venido ejecutado obras y conservado una urbanización que no les pertenece conforme a Ley, por ello la Asociación va a remitir a la Fiscalía todo el expediente al objeto de dirimir posibles responsabilidades penales.
