Ambos presidentes mantendrán una reunión mañana en La Moncloa, en la que la mandataria andaluza pedirá también inversiones para el puerto de Algeciras

Inversiones para el Puerto de AlgecirasLa presidenta andaluza se ha referido a la necesidad de arrancar, vía enmiendas, partidas de los Presupuestos Generales del Estado para acometer con celeridad el Corredor ferroviario del Mediterráneo, sobre todo en lo que concierne a su tramo inicial de Algeciras-Bobadilla. “El de Algeciras -ha enfatizado la presidenta andaluza- es el primer puerto de España y el sexto de Europa”, por lo que reclamará que se garanticen las inyecciones de dinero oportunas que le permitan aumentar su capacidad y adaptarse a las exigencias de los transportes de mercancías internacionales.La presidenta de la Junta, Susana Díaz, planteará a Rajoy en su reunión de mañana en La Moncloa un plan extraordinario de empleo que pueda ayudar sobre todo a reducir la elevada tasa de desempleo juvenil, la adopción de las decisiones pertinentes para que Andalucía reciba una financiación justa y pacto nacional para la regeneración política.Díaz ha avanzado los contenidos de la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno durante su visita de hoy a la sede del PSOE. La presidenta andaluza ha compartido con el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, los principales asuntos que despachará mañana con Rajoy.En primer lugar, Susana Díaz expondrá a Rajoy la necesidad de adoptar medidas conducentes a la generación de empleo, “la prioridad en estos tiempos de crisis”. La presidenta ha reconocido que Andalucía presenta una “tasa insoportable de desempleo” y ha puesto el acento especialmente en su afección a los jóvenes andaluces. Ante esta situación, reclamará de nuevo un pacto extraordinario de empleo como el que disfrutan otras Comunidades Autónomas que presentan el mismo problema.La segunda cuestión que tratará Díaz con Rajoy es la relativa a la financiación de las autonomías. “Es urgente y necesario -ha afirmando la presidenta- afrontar un debate sobre el modelo de financiación”. Asimismo, solicitará que Andalucía reciba lo que le corresponde fruto de la liquidación de los siete años de la Disposición Adicional Tercera (DAT), un asunto “que obliga al actual Gobierno”, ha remarcado.En relación al reparto del objetivo de déficit público, defenderá ante el presidente del Gobierno “un reparto justo y equitativo” sobre un principio inalienable: garantizar a la ciudadanía los derechos básicos de sanidad, educación y pensiones. Algo que las autonomías están encontrando muy cuesta arriba, un año más, por la disminución de las transferencias proyectadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014.En este sentido, Díaz ha señalado que no considera que los PGE “no son las cuentas de la recuperación, sino las de la preocupación para los ciudadanos y ciudadanas de este país”.Pacto para regenerar la políticaEn clave nacional, la presidenta andaluza ha señalado que reclamará al presidente del Gobierno “algo fundamental en unos momentos en que los ciudadanos ni miran ni quieren oír a sus políticos: un pacto para la regeneración política del país”. Díaz ha insistido en que “hemos de ser capaces de liderar un nuevo clima ciudadano”, regulando e incluyendo cuantas medidas sean oportunas para ello: limitación de mandatos, transparencia, regulación de las cesantías e incompatibilidades…De igual modo, la líder del Ejecutivo regional ha reivindicado que “la corrupción debe salir de la trinchera de la confrontación política” para atajarla “afecte a quien afecte”. Es por esto que ha reclamado consenso y diálogo al Gobierno central a la hora de abordar la Ley de Transparencia, de forma que la norma central que se promulgue no limite o rebaje las expectativas o techos propuestos en las leyes de transparencia propiciadas desde autonomías como Andalucía.Susana Díaz pretende suscitar también “un debate de verdad sobre la modernización de las instituciones”, puesto que hay determinados elementos de la construcción del Estado que, a su juicio, “no marchan bien”, caso de la reforma local emprendida por el Gobierno central.