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Verdemar-Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con fecha del 11 de febrero por la que se acuerda los permisos de investigación de hidrocarburos mediante ‘fracking’ a las sociedades Schuepbach Enegy España y Vancast Exploration en enclaves de La Janda y Tarifa, en la provincia de Cádiz. El colectivo ecologista pide que se suspendan de inmediato y que, en todo caso, el proyecto se someta a Evaluación de Impacto Ambiental.   En el recurso presentado el mismo día 11 de febrero por Verdemar-Ecologistas en Acción, al que ha tenido acceso Europa Press, el presidente de dicha asociación ecologista, Antonio Muñoz, recuerda que los permisos de investigación de hidrocarburos ‘Tesorillo’ y ‘Ruedalabola’ fueron otorgados mediante el Real Decreto 1771/2010, de 23 de diciembre, a favor de dichas sociedades. Con fecha de 30 de noviembre de 2012, el operador Schuepbach Energy España solicitó autorización para la concentración de trabajos e inversiones en dichos permisos de investigación de hidrocarburos.   Explica que autorizar estos trabajos tendrá «unas consecuencias nefastas en el Parque Natural de Los Alcornocales y en el Parque Natural del Estrecho y Reserva de la Biosfera». En este sentido, indica que la técnica de la fractura hidráulica para la obtención de gas natural «puede producir alteraciones importantes en los acuíferos de la zona proyectada» –20.676 hectáreas en el Permiso ‘Ruedalabola’ y 62.028 hectáreas en Permiso ‘Tesorillo–, especialmente por la contaminación de sus aguas por el fluido utilizado en el proceso extractivo, que posee «un dos por ciento de productos químicos», siendo una parte de ellos «altamente tóxicos».   Afirma el recurrente que si se continuase con las actividades de investigación en Ruedalabola y Tesorillo y se llevase a cabo la extracción de gas mediante ‘fracking’, «muy probablemente se produciría una contaminación en los acuíferos situados en estas zonas» que podría llegar a ser «irreversible».LA INVESTIGACIÓN ENTRAÑA RIESGO   El colectivo ecologista puntualiza en su recurso que la propia actividad de investigación requiere el empleo de la estimulación por fractura, lo que hace que «la simple búsqueda de hidrocarburos, sin necesidad de que vayan a ser rentables y se vayan a explotar, entraña un riesgo ya de por sí inaceptable».   Por ello, reclaman que se «suspendan de inmediato» todos aquellos permisos de investigación y extracción que se sitúen sobre acuíferos y pide al Gobierno español que siga los pasos de otros gobiernos europeos como los de Francia y Bulgaria, que han prohibido por ley el desarrollo de esta actividad extractiva.   Advierte también de que las campañas de prospección sísmica son «altamente dañinas» para la fauna que utiliza las aguas del Estrecho de Gibraltar como vía de paso en sus rutas migratorias, estando el Gobierno «obligado a proteger esta rutas según lo acordado en la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas».   Argumenta que los métodos sísmicos de prospección se realizan mediante cañones de aire comprimido capaces de generar ondas sonoras que definen la estructura del suelo y subsuelo marino. La intensidad de esas ondas son «intolerables para la fauna marina y pueden ocasionar varamientos de cetáceos», así como «daños sobre los recursos pesqueros», ya de por sí «bastante mermados», de las zonas afectadas por las prospecciones.     Verdemar, que basa estas afirmaciones en estudios realizados sobre campañas similares llevadas a cabo en el Mar del Norte, estima que podría «acabar con la presencia en estas aguas de especies altamente protegidas por la legislación de la Unión Europea».   En base a estas y otras argumentaciones, los ecologistas solicitan que el proyecto se abandone y que, en todo caso, se someta a Evaluación de Impacto Ambiental, al considerar que es «la mejor manera de asegurar un procedimiento riguroso y transparente», introduciendo la perspectiva medioambiental en la toma de decisiones sobre proyectos con «incidencia importante sobre el medio ambiente, como es este caso».     Con fecha del pasado 2 de abril, el Ministerio de Industria remitió un escrito a Verdear-Ecologistas en Acción confirmando la recepción de su recurso de alzada, el cual debe resolverse en el plazo máximo de tres meses desde su recepción. No obstante, ese plazo queda en suspenso si Muñoz no acredita en diez días que es el presidente de dicho colectivo.