IAM/Redacción El Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos a los que acusa de entorpecer su trabajo por no responder a sus requerimientos de información, entre ellos el de Tarifa.
Según recoge el informe correspondiente al año 2017 los municipios que aparecen en esta «lista negra», y ante los que se solicita la actuación de la Fiscalía son, además de Tarifa, los de Arganda del Rey (Madrid), Barbastro (Huesca), Carboneras de Guadazaón (Cuenca), Colmenar de Oreja (Madrid), Cudillero (Asturias), Gilet (Valencia), Gondomar (Pontevedra) y Gozón (Asturias), La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife), Matallana de Torío (León), Mojácar (Almería), Porto do Son (A Coruña), Reus (Tarragona), Salas (Asturias), Talavera de la Reina, Vejer de la Frontera (Cádiz), Zalamea de la Serena (Badajoz), y Noblejas (Toledo).Aunque este último ya no está señalado por el Defensor del Pueblo tras recibir un escrito, fechado el 24 de enero, en el que indicaba al consistorio que daba por finalizadas las actuaciones que había desarrollado.
