El Ayuntamiento defiende la regulación del aparcameinto

Juan Andrés Gil subraya que la ordenanza beneficia a ciudadanos y empresarios de la zona ya que evita el colapso del centro urbano coincidiendo con el incremento del tráfico portuario, y favorece la rotación del carente número de plazas. En respuesta a las críticas vertidas por la oposición que ha puesto en tela de juicio la reciente aprobación de las ordenanzas fiscales  para el aparcamiento controlado, desde el gobierno se ha defendido hoy un acuerdo plenario que viene a regularizar y legalizar el servicio en marcha hace años. “El PSOE tergiversa la realidad porque el Ayuntamiento de Tarifa no ha aprobado ninguna nueva zona azul. Bien al contrario, lo que ha tratado este gobierno es regularizar un régimen de aparcamiento mantenido por el partido mayoritario de la oposición durante los últimos ocho años sin ninguna base legal, ni ordenanza fiscal alguna. Así que no están habilitados para criticar que hoy en día tanto la administración local como los ciudadanos tengan el respaldo legal suficiente para que este servicio se realice conforme a la legalidad y el sentido común”.En la misma línea, el gobierno local ha defendido la regulación de un servicio reclamado por el tejido comercial. Y es que, el aparcamiento regulado en el centro es una manera de garantizar la rotación de plazas en las inmediaciones del tejido comercial de Tarifa. A la vez protege los derechos de los ciudadanos que se podrían ver lesionados ante la gran confluencia del tráfico portuario si no se diera la zona azul. “En este medida no hay un ánimo recaudatorio como se denuncia. Se trata de favorecer al empresariado local con una rotación de plazas que por otro lado, nos sirve de instrumento para evitar el posible colapso de los aparcamientos del centro por los usuarios de las instalaciones portuarias dada la cercanía”. Con la aprobación del pleno extraordinario, el Ayuntamiento de Tarifa sigue el procedimiento reglado para convocar un concurso de adjudicación conforme a la ley de Contratos del Estado. “En definitiva se trata de dar coherencia a un servicio ya existente. Hay grupos que no están habilitados para poner en juicio esta iniciativa porque la han mantenido durante ocho años desde la ilegalidad y siendo cómplices con una estafa al ciudadano”.

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