CONFLICTO EN LA ROCA
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, dejó claro ayer que los controles reforzados que España está realizando en la Verja de Gibraltar continuarán hasta que se recupere la «relación de confianza» que las autoridades del Peñón han «roto», al tiempo que insistió en la necesidad de retomar el «diálogo» con Reino Unido.
Desde Bruselas, García-Margallo recordó que en abril del 2012 el Gobierno de Reino Unido aceptó la propuesta española de retomar negociaciones para abordar asuntos relacionados con la pesca y el medio ambiente a través –España y Reino Unido– o incorporando a la mesa a Gibraltar y la Junta. El jefe de la diplomacia española hizo un llamamiento a su homólogo británico para retomar estas conversaciones. Eso sí, recalcó que, mientras no se alcancen acuerdos, el Gobierno español seguirá tomando medidas para «combatir» el contrabando y el fraude fiscal, que se ve «obligado» a adoptar porque la colonia no pertenece al espacio Schengen y que ahora ha tenido que hacer «más intensas» debido a que «la relación de confianza con las autoridades de Gibraltar se ha roto». Una vez esta confianza «se restablezca», afirmó el ministro, es «más que probable» que España pueda «disminuir» estos esfuerzos en el control fronterizo que, además, le resultan «muy gravososos». Se hará, subrayó, una vez pueda contar con la «colaboración» de las autoridades gibraltareñas en la lucha contra el fraude. García-Margallo comparecerá el 3 de septiembre en el Congreso de los Diputados a petición propia para informar del conflicto. Pese a coincidir en Bruselas con su homólogo británico, en el Consejo de Asuntos Exteriores para abordar la situación en Egipto, García-Margallo explicó que no habían hablado de este asunto.
Por su parte, el ministro de Exteriores británico, William Hague, insistió ayer en calificar de «desproporcionados» los retrasos causados por los controles de las autoridades españolas en el paso a Gibraltar y sostuvo que tienen una «motivación política». «Creemos que los retrasos que está habiendo en la frontera con Gibraltar son desproporcionados y que tienen una motivación política», declaró.
El pasado martes, Bruselas informó de que la misión prevista en septiembre para examinar los controles que realizan las autoridades españolas en el paso fronterizo iba a ser extendida para atender a la petición del Gobierno, Mariano Rajoy, de vigilar también el contrabando de mercancías y el blanqueo de capitales.
NUEVOS BLOQUES // La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, anunció ayer que la Guardia Civil va a investigar si las autoridades de Gibraltar han lanzado nuevos bloques de hormigón al mar «distintos al caladero actualmente inhabilitado», tras recoger las denuncias de los pescadores al respecto.
Según fuentes de Salvamento Marítimo, la madrugada del pasado martes, sobre las 3.00 horas, recibían un aviso de que un pesquero de la Cofradía de Pescadores de Algeciras (Cádiz), se encontraba a la deriva a unas dos millas al sur de Punta Carnero tras quedar enganchadas sus redes «con algo». El barco, junto a los diez tripulantes que iban a bordo, tuvo que ser remolcado hasta el puerto algecireño. Los pescadores sospechan que los daños sufridos en las redes pueden estar relacionados con el lanzamiento de nuevos bloques de hormigón al mar por parte de Gibraltar.
El alcalde de Algeciras (Cádiz) y diputado nacional del PP, José Ignacio Landaluce, aseguró que «varias» embarcaciones pesqueras de la localidad gaditana han roto sus redes «repetidas veces» en zonas «donde nunca se enganchaban», por lo que sospechan que las autoridades de Gibraltar han podido lanzar al mar otros bloques de hormigón «nocturnamente» en zonas en las que tradicionalmente faenan los pesqueros españoles, además de en la consabida área en la que «a la luz del día» se lanzaron 70 bloques de hormigón y que marcaron el origen del conflicto diplomático. Añadió que no solo serán transmitidas a la Comisión Europea las «agresiones» a los intereses del Campo de Gibraltar, como el contrabando, sino que informarán de las «agresiones» medioambientales cometidas.
