La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, este viernes en rueda de prensa
TCAM-NACIONAL/M.J.R.
El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma «directamente» las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión «mucho más eficiente en materia de agua».
Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado «para evitar duplicidades y solapamientos», el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido «siempre» una competencia del Estado.
Concretamente, la vicepresidenta ha indicado que se derogará la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir «íntegramente» la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
Evitar duplicidades
Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo «es más necesario que nunca» que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una «clara delimitación de competencias» entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una «mayor eficiencia y eficacia» en beneficio de los ciudadanos.
La vicepresidenta ha manifestado además que se trata de «no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado». Además, ha dicho que el Gobierno estima que el agua es un «recurso escaso» y que es un dominio público «de todos los españoles», por lo que el Estado asume «todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
«De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas», ha sentenciado.
Zonas protegidas
La vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta «especialmente» a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar «duplicidades y solapamientos» que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una «gran complejidad» sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.
«El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse», ha apuntado.
Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley «abre la senda» a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.
Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Traslado de residuos
De este modo, Sáez de Santamaría ha dicho que este es el caso «paradigmático» de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera «complejo» para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo que supone «múltiples dificultades» para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.
Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para «simplificar y reducir» las cargas administrativas que estaban provocando «incertidumbre e inseguridad» en la aplicación de la norma.
Concretamente las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar «imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas» de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.
Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.
Derechos de emisión
El Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
La adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera «competitiva e igualitaria» con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.
Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.
La vicepresidenta del Gobierno, tras el Consejo de Ministros de este viernes
Menos publicidad institucional
El Gobierno gastará este año 137,5 millones de euros en publicidad institucional y comercial, un 38,2 por ciento menos que los 222,4 millones de euros que se gastó en 2011, según el Plan de Comunicación y Publicidad Institucional 2012 aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Una de las campañas institucionales más caras, con un presupuesto de 4 millones, es la destinada a explicar diversos aspectos de la reforma laboral.
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, este recorte se enmarca dentro de las distintas medidas que éste gobierno está tomando en el marco de la austeridad y la racionalización de servicios públicos.
Concretamente, el Ejecutivo gastará en comunicación institucional un total de 35,3 millones de euros, lo que supone un recorte de 45 millones frente a los 80,4 millones de euros que el Gobierno se gastó en este tipo de publicidad en 2011. Mientras, destinará a publicidad comercial un total de 102,2 millones de euros, 39,8 millones menos que los 142 millones de euros que se gastó en 2011.
Un 66 por ciento de la inversión institucional se destina a campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía, al cuidado del entorno (seguridad vial, ahorro energético, medio ambiente, salud y hábitos de vida, prevención en el consumo de medicamentos y alimentación) y a la promoción de derechos de los ciudadanos (sensibilización contra la violencia de género, oferta educativa y cultural, fiscalidad, etcétera).
Las campañas institucionales de los Ministerios del Interior, Defensa, Empleo y Seguridad Social, Fomento, Industria, Energía y Turismo y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad representan el 80 ciento del total del presupuesto.
Campaña sobre la reforma laboral
No todas las campañas son igual de caras. Tres campañas institucionales superan o igualan los cuatro millones de euros y representan el 53,8% de la inversión total: la de Seguridad Vial, de la Dirección General de Tráfico (DGT); la de Proximidad de las Fuerzas Armadas y apoyo al reclutamiento, del Ministerio de Defensa y la relacionada con Diversos aspectos de la Reforma Laboral, del Servicio de Empleo Estatal.
Concretamente, la campaña del Servicio de Empleo Estatal tendrá un coste previsto de 4 millones de euros; la de la DGT, de 10,23 millones de euros; y la de Defensa, de 4,8 millones de euros.
En total, el Gobierno tiene previsto poner en marcha 61 campañas de comunicación institucional, 47 menos que el año pasado. De ese total de campañas, 40 corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el que tiene previsto realizar un mayor número de campañas, un total de 16, mientras que el Ministerio del Interior es el que realiza el mayor esfuerzo inversor de todos: 10,3 millones de euros.
El Plan incluye, además, un listado de campañas comerciales, con información de los organismos que las promueven y coste de las mismas. Para 2012 está prevista la realización de 49 campañas comerciales.
«Es un plan que asume los principios de austeridad y racionalización, pero también de información y transparencia», ha subrayado Sáenz de Santamaría, que ha informado de que el plan se colgará en la web de la Moncloa.
