TCAM/REDACCION
La vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP andaluz, Alicia Martínez, y el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, han presidido este viernes una reunión con concejales de Urbanismo del PP gaditano, tras la que han anunciado la presentación de una moción en los ayuntamientos costeros para pedir la retirada del Decreto de Protección del Litoral, aprobado recientemente por la Junta de Andalucía, al considerar que «ataca» la autonomía municipal y provoca «inseguridad jurídica».
El encuentro, según han señalado en rueda de prensa, se ha centrado en analizar la política urbanística de la Junta de Andalucía, incidiendo en la problemática de las viviendas ilegales, el incumplimiento del Plan Concertado de Vivienda 2008-2012 y las consecuencias del nuevo Decreto de protección del litoral aprobado recientemente por el Gobierno autonómico.
La dirigente popular ha señalado que, de los 44 municipios gaditanos, «sólo cinco» están adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía «y son los que no se ven afectados por el Decreto del litoral». A su juicio, en una provincia como Cádiz con 261 kilómetros de costa, este decreto supone «un control férreo, un estado de sitio a la ordenación municipal de los ayuntamientos».
Califica este decreto como un «ordeno y mando de la Junta», porque «vulnera nuevamente la seguridad jurídica al suspender la tramitación de planes de sectorizaciones y planes parciales en suelos que eran legalmente urbanizables y que llevaban años de tramitación y que hasta ayer eran legales», según ha sostenido.
La portavoz popular considera además que este decreto va a suponer «una oleada» de recursos a la Junta y a los ayuntamientos que tenían contraído acuerdos con los inversores. Según señala, el Gobierno bipartido sólo pretende limitar «aún más» las posibilidades de crecimiento de los municipios y va a significar «una vez más paralización y retroceso de posibles inversiones en nuestro litoral por la inseguridad jurídica y la confusión», sentencia.
Por ello, el PP llevará mociones a los ayuntamientos costeros para pedir la retirada del Decreto del litoral, al considerarlo «injusto, que ataca directamente a la autonomía municipal y que supone una inseguridad jurídica sobre algo que realmente ya tiene elementos suficientes para ordenar y controlar y que la Junta no lo está aplicando».
VIVIENDAS ILEGALES
Asimismo, Alicia Martínez ha destacado la problemática de las viviendas ilegales «con unas 300.000 en Andalucía, muchas de ellas en la provincia de Cádiz», que se han desarrollado «por la dejadez y pasividad de la Junta de Andalucía, que no ha hecho nada por ordenar el territorio en estos años». Recuerda que el Gobierno andaluz tiene las competencias exclusivas en Ordenación del Territorio y apunta que ha sido «un desastre desde el primer momento».
Ha dicho que el Decreto de Regulación de Viviendas Ilegales, aprobado en enero, «no está dando los resultados para que los afectados tenga seguridad jurídica, y denuncia la «arbitrariedad» de la Junta en casos como Chipiona, donde las viviendas están vinculadas a la actividad agrícola, «no reconociéndolas pese a los esfuerzos que está haciendo el Ayuntamiento, mientras que en otros municipios con casos similares sí las reconoce».
Ante esta situación, el PP iniciará el curso parlamentario planteando las modificaciones legales oportunas que den «un paso más allá» en la regularización de las viviendas ilegales «ante el reconocimiento del fracaso que ha supuesto el Decreto de Regularización de la Junta, ya que, hoy por hoy, los ayuntamientos se encuentran con graves problemas para aplicarlo y el balance es lamentable.
BALANCE DEL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA
La vicesecretaria popular también ha puesto de manifiesto el «fracaso» de la política de vivienda de la Junta de Andalucía, recordando aquel Pacto por la Vivienda anunciado por Manuel Chaves «y en el se comprometió la construcción de 300.000 vivienda protegidas en alquiler y venta en Andalucía en diez años».
«La realidad es que, de dicho pacto, sólo se ha ejecutado el 30 por ciento de lo prometido lo que demuestra el fracaso de la política de vivienda del Gobierno bipartito», incide.
Martínez ha hecho un balance del Plan Concertado de Vivienda 2008-2012, que en la provincia de Cádiz contemplaba la construcción de 17.000 vivienda protegidas en alquiler y compra «y, a punto de cumplir la vigencia de dicho plan, sólo se han ejecutado 4.000 viviendas de las prometidas».
