IAM/Redacción El portavoz de Justicia y diputado por la provincia de Cádiz, Juan Carlos Campo, ha apremiado hoy al Gobierno para que deje de procrastinar en materia de justicia digital. “Un Gobierno que sigue a pies juntillas la manera de hacer política de su líder Mariano Rajoy, dejar que el partido se resuelva por sí solo para después en el último minuto buscar la prórroga”, ha aseverado. (Foto Juan Carlos Campo).
El magistrado en servicios especiales realizaba esta llamada de atención desde el hemiciclo en el transcurso del debate de una proposición de Ley del PP para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal con la que se ha aprobado una moratoria respecto a la entrada en vigor de la norma que obliga a la presentación por medios telemáticos de sus escritos y documentos. Campo, que ha comenzado su intervención con palabras en recuerdo al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha criticado que hayan transcurrido dos años sin que el Gobierno haya adoptado las medidas necesarias para la implementación de esta medida, siendo grave que una institución de la importancia de la Fiscalía siga sin afrontar su modernización tecnológica, a pesar del mandato legal de 2003 que exige que el Ministerio Fiscal cuente con un sistema de información y una red de comunicaciones electrónicas plenamente integrados definida y gestionada por la Fiscalía General del Estado. Y en este sentido, el diputado socialista ha recordado también que el pasado 26 de octubre, el Consejo Fiscal exigió al Ministerio la inmediata paralización del plan de implantación establecido por el Ministerio de Justicia, “en tanto no existe un único sistema de gestión procesal integrado para órganos judiciales y fiscales de fácil acceso, rápido y con garantía de autenticidad de las actuaciones”. El portavoz de Justicia ha advertido de que “el PP ha agotado todos los plazos habidos y por haber para acometer lo que propugnaba en la ley 42/2015, de 5 de octubre” en la que se establecía una fecha concreta para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. “Se suponía que a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales, y desde enero del 2018 las fiscalías estarían obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, pero la realidad nos ha presentado espectáculos tan lamentables como los fallos generalizados en Lexnet o las sucesivas postergaciones de la entrada en vigor de la nueva Ley del Registro porque la digitalización y encomienda de gestión de estos despachos no están tampoco resueltas”.No obstante, el portavoz socialista ha justificado el voto favorable del grupo socialista por “un ejercicio de responsabilidad hacia el buen funcionamiento de la Justicia y en especial de la Fiscalía” sobre todo, porque “podría provocarse un nuevo caos e inseguridad jurídica algo que el Grupo Socialista tiene la obligación de evitar o paliar e incluso por ello compartimos el trámite de urgencia y lectura única”. “Ni el ciudadano, ni los operadores jurídicos deben pagar la desidia de un gobierno”.Abundando en “el fiasco en materia de justicia digital”, Juan Carlos Campo ha lamentado que el ministro Catalá acumule “un buen número de naufragios en su gestión y más concretamente, en su proyecto estrella de vaciar de papel los juzgados, alguien equivocó la encomienda y el resultado es que en el año 2016 se gastó más que papel que nunca en los juzgados”.
