TCAM-AGENCIAS/REDACCIÓN
Este domingo 1 de julio entra en vigor el nuevo sistema de participación del usuario en farmacia, el llamado copago farmacéutico, que por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Nacional de Salud (SNS) obligará a la mayor parte de pensionistas a pagar un 10 por ciento del precio de sus medicinas cuando hasta ahora no pagaban nada, mientras que los trabajadores activos copagarán un porcentaje determinado en función de sus ingresos.
La medida, que forma parte de la reforma sanitaria impulsada el pasado mes de abril por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha contado con el rechazo de los agentes sociales y algunas comunidades como Andalucía y Cataluña, que hasta el último momento han dudado de que pudiera ponerse en marcha en la fecha prevista, o el País Vasco, que ha anunciado que no va a aplicar los nuevos copagos.
La ministra del ramo, Ana Mato, ha insistido en reiteradas ocasiones que esta medida es «justa y equitativa» ya que «no pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más», al tiempo que ha destacado que «no tiene afán recaudatorio sino disuasorio».
No obstante, el Ministerio estima que cada año se podrán ahorrar 551 millones de euros anuales, si se tiene en cuenta también la actualización del IPC de las medicinas de aportación reducida.
NUEVOS COPAGOS
El nuevo sistema de copago reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta, algo de lo que ya sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.
A partir de ahí, se establecen diferentes categorías «según la renta» para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas.
En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales, mientras que para quienes superen los 100.000 euros anuales el tope estará en los 60 euros mensuales.
La devolución de lo que paguen de más se realizará trimestral o semestralmente en la cuenta bancaria en la que se ingresa la pensión. No obstante, algunas comunidades como Andalucía, Cataluña y Galicia han decidido introducir un mecanismo en sus sistemas informáticos que alerta a los farmacéuticos de que el paciente ya ha rebasado su tope mensual, a fin de impedir que tengan que adelantar dinero.
En el caso de los trabajadores activos, se acaba con el 40 por ciento generalizado que se pagaba hasta ahora y se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta.
Así, aquellos trabajadores con rentas inferiores a 18.000 euros –que no tienen obligación de tributar en el IRPF– y miembros de familias numerosas seguirán pagando este mismo porcentaje (40%), mientras que en aquellos que superen esta renta, la aportación será de un 50 por ciento.
Al igual que con las pensiones, también existe una categoría para rentas altas, iguales o superiores a los 100.000 euros anuales, que en este caso pasarán a pagar un 60 por ciento.
Por último, los enfermos crónicos seguirán pagando un 10 por ciento como hasta ahora, así como los mutualistas de Muface, que continuarán pagando un 30 por ciento tanto como trabajadores activos como una vez que se jubilen.
Para que este copago se aplique con normalidad, el Ministerio ha creado varios códigos (TSI 001, sin aportación; TSI 002, aportación del 10%; TSI 003, aportación del 40%; TSI 004, aportación del 50%, y TSI 005, aportación del 60%) que irán impresos en las recetas para que el farmacéutico cobre la entidad adecuada. No obstante, Sanidad ha determinado que en caso de duda se aplicará «el criterio más favorable para el usuario».
MEDIDA NO EXENTA DE CRÍTICAS
Pese a que Sanidad ha defendido la conveniencia de implantar esta medida alegando un consumo desmesurado de fármacos con receta pública, algunos gobiernos regionales han advertido de que este ‘repago farmacéutico’, como así lo han llamado desde Andalucía, castigará aún más el bolsillo de las rentas más débiles.
Del mismo modo, han alertado del posible efecto disuasorio que en los pensionistas pueden generar esta medida, con el consiguiente peligro de falta de adherencia terapéutica a sus tratamientos –no seguimiento de sus tratamientos– y su riesgos para la salud.
El País Vasco, por su parte, ha rechazado la medida y ha puesto en marcha un decreto que, además de eludir su aplicación, incluye la exención de pago para pensionistas, parados sin prestación y añade a los demandantes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Respecto a la cuestión logística de cómo se llevará a cabo esta medida, también han sido muchas las dudas elevadas por las comunidades, que, como la catalana, han admitido tener serias dificultades de poder llegar a tiempo.
Asimismo, organizaciones de consumidores como La FACUA-Consumidores en Acción ha advertido de que la «prematura» implantación de este copago farmacéutico «puede ser caótica», aconsejando por ello a los usuarios que vigilen «posibles cobros indebidos», en referencia a que aquellas personas que pasen de sus topes mensuales de copago fijados por su nivel de renta tendrán que adelantar ese dinero de más, que luego le será reembolsado por las comunidades de turno en un plazo máximo de seis meses.
