En declaraciones a Europa Press, García asegura que este hecho no se entiende tampoco desde el punto de vista legal, puesto que contradice el artículo cuatro de la ley vigente, la 10/2003 reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.   Explica que dicho artículo dice que «la colegiación no será exigible al personal funcionario, estatutario o laboral al servicio de las administraciones públicas de Andalucía para el ejercicio de su profesión». Por ello, «no tiene sentido que se estén mandando circulares obligando a colegiarse».   Asimismo, García argumenta que «la profesionalidad y calidad del servicio médico del SAS está garantizado porque hablamos de titulados universitarios que suelen tener una especialidad acreditada y, además, están contratados por la propia Junta». Por ello, se pregunta «a qué viene tener que formar parte de un colegio profesional».   En este punto, señala que pertenecer a un colegio profesional se reduce, en su opinión, a «pagar una cuota a un colegio que, además, suele tener ideas propias sobre cómo debe ser la sanidad, sobre lo que debe ser la privatización de la sanidad o sobre lo que debe ser el comportamiento ante el aborto», entre otras cuestiones.   Igualmente, entiende que sería un «retroceso» y «difícilmente consistente o coherente con la dinámica que hay a día de hoy, donde se intenta eliminar registros, vigencias previas, permisos, etcétera, en un afán que a veces es excesivo de liberalización», significando que esta obligatoriedad de colegiación es «excesiva» y supone «justo lo contrario».