IAM/Redacción Gavino aseguró ayer a los vecinos que la Junta de Andalucía está al tanto del desarrollo de esta problemática y que la sigue de cerca, si bien lo hace siguiendo escrupulosamente la legalidad porque, lógicamente, no puede caer en conflicto competencial alguno entre la Administración autonómica y la local.
El Subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, mantuvo en la mañana de ayer un encuentro con representantes vecinales de Tarifa que protestan por los problemas y molestias que causa la denominada movida nocturna del verano en este municipio.
Como recordarán, durante la época estival vecinos del municipio, del casco urbano han elevado ante la subdelegación del gobierno más de 80 denuncias sobre las molestias y perjuicios que la movida bien generando.
Así, una representación de los vecinos que han formulado las denuncias que apuntan a ruidos por las miles de personas que desbordan las calles, vómitos, orines, destrozos y “permisividad municipal”, junto a agentes de la Policía Local acudieron a la cita con Ángel Gavino, a la que estaban invitados representantes de establecimientos hosteleros y de ocio, que no acudieron al encuentro en el que el subdelegado comunicó a los presentes, que tanto las ordenanzas que regulan las actividades en la calle como la responsabilidad de vigilar y hacer cumplir dichas ordenanzas son estrictamente municipales. En este sentido, ha dejado claro que es el Ayuntamiento de Tarifa, a través de su Policía Local, el encargado de que prevalezca la regulación legal establecida en favor de la convivencia y el respeto entre quienes se divierten y viven la noche y quienes quieren descansar.
El Subdelegado explicó a la representación de los ciudadanos, encabezada por Tomás Coloma y José Luis Trujillo, de la Asociación Vecinal Tarifa (AVECTA), que dichas competencias municipales son de carácter “irrenunciable” y que no solo el Ayuntamiento de Tarifa, sino cualquier otro, puede dejar de atender porque está obligado legalmente a ello según el artículo 12 de la Ley de Bases de Régimen Local 30/1992.
Gavino aseguró ayer a los vecinos que la Junta de Andalucía está al tanto del desarrollo de esta problemática y que la sigue de cerca, si bien lo hace siguiendo escrupulosamente la legalidad porque, lógicamente, no puede caer en conflicto competencial alguno entre la Administración autonómica y la local.
