IU respalda las sanciones a entidades financieras por la ocultación de VPO

La parlamentaria andaluza y portavoz de IU en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha destacado el respaldo de la formación política a las medidas anunciadas por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, para garantizar la función social de la vivienda protegida, concretadas en el inicio de expedientes sancionadores a ocho entidades financieras, de las cuales cuatro –Banco Popular, BBVA, Building Center y Servihabitat- cuentan con viviendas en la provincia de Cádiz objeto de la sanción.

Nieto ha apuntado que de las 185 viviendas ocultadas por las entidades al registro correspondiente, 30 se encuentran en la provincia de Cádiz, situándose de esta manera la provincia entre las que acumulan el mayor número de inmuebles, sólo superada por Sevilla, con 43.

 

Respecto a la provincia de Cádiz y según ha podido comprobar IU, Chiclana es el municipio en el que más viviendas protegidas han aflorado, 8 del total. Le siguen Jerez de la Frontera y Ubrique con 4 cada uno, Los Barrios con 3 y San Roque con 2. Sanlúcar, Algeciras, San Fernando, La Línea, Medina Sidonia, Arcos de la Frontera, Rota, Trebujena y Cádiz completan, con 1 vivienda cada uno, el total de 14 municipios que albergan viviendas por las que se ha abierto el expediente.

Para la parlamentaria andaluza, “la puesta a disposición de estas viviendas debe ser inmediata, para que puedan ponerse a disposición de familias con necesidades a las que hasta la fecha no se haya podido atender”. En este sentido, Nieto considera que “este expediente, junto al iniciado a la SAREB, que aún está pendiente de confirmar si posee 911 viviendas protegidas ocultadas a los registros, puede no ser el último” y apunta que “hay que seguir investigando y fiscalizando por parte de la Consejería, dado que la impunidad en la especulación con las viviendas de protección oficial debe erradicarse”.

 

La diputada andaluza recuerda que se trata de “viviendas en las que se ha invertido dinero público, lo que refuerza la obligación de garantizar que todas ellas cumplen su función social paliando con ellas la enorme emergencia habitacional que viven muchas familias”. 

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