TCAM-NACIONAL/Europa Press

La Junta de Jueces, reunida este viernes en Arcos de la Frontera, ha aprobado «por unanimidad» aprobar íntegramente el texto remitido por la Comisión Interasociativa con la descripción de la situación actual así como con las reclamaciones y anuncio de medidas de presión que en el mismo se contienen. Advierten, además, de que si los anteproyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no se paralizan y sigue sin abrirse una vía de negociación seguirán adoptando medidas de presión concretas sin descartar paros parciales y huelga.

Presidida por José Fernández Delgado, juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno, que ostenta las funciones de Juzgado Decano, la Junta de Jueces ha querido dejar patente, a través de un comunicado, el «malestar» de los jueces, magistrados y fiscales debido a «la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español», para impulsar una Justicia «ágil y eficaz», dotándola de los medios personales y materiales necesarios, «cuando, en realidad, no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos».

Sin embargo, señalan que lo anterior «contrasta con el manifiesto interés por el control político de nuestros órganos de gobierno».

Así, exponen que la situación actual de la Justicia pasa, en estos momentos, por una «ausencia» de inversiones, «descoordinación» en la gestión de la Administración de Justicia, «congelación» de plazas judiciales, fiscales y oposiciones, «recortes» salariales y estatutarios y «control político» de los órganos de gobierno del Poder Judicial.

Por ello, reclaman el «pleno respeto a la independencia, competencia y función del Consejo General del Poder Judicial, con abandono de la reforma planteada», al considerar que «atrofia su capacidad constitucional de actuación».

Asimismo, abogan por el mantenimiento de un estatuto profesional que contemple actualmente la singularidad de sus funciones «y en el que no se limiten ni nuestras funciones ni nuestros derechos».

También solicitan el desarrollo de reformas legislativas que «mitiguen el actual colapso judicial y compensen las dificultades presupuestarias para la modernización de la Administración de Justicia». Igualmente, advierten de la necesidad de convocar oposiciones para cubrir aquellas plazas de Juez y Fiscal ya presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos selectivos y que han resultado vacantes.

La Junta de Jueces considera que estas reclamaciones son una «exigencia adecuada a la coyuntura económica actual», instando al Ministerio de Justicia para que abra una vía de negociación que de respuesta a sus peticiones.

Hasta entonces los Jueces y Fiscales, «para compensar las inadmisibles carencias de nuestra Administración de Justicia», aseguran que solo ejercerán sus funciones «dentro de los estrictos márgenes de la Ley y, obviando criterios productivistas, atender sólo a la Justicia de calidad que los ciudadanos merecen y reclaman».

Además, proponen medidas como el «estricto» cumplimiento de las horas de audiencia fijadas por la Ley; y la autorregulación, instando a la Comisión de Prevención de riesgos laborales para que proceda «de inmediato» a establecer la carga de trabajo que debe desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene, así como el establecimiento de un catálogo de enfermedades laborales.

Entre tanto, instan a la convocatoria de juntas de jueces sectoriales para establecer la carga de trabajo «a la que ajustar nuestra función».

Igualmente, apuntan que los fiscales instarán a la Fiscalía General a que fije un módulo de trabajo «razonable» y entre tanto, los fiscales ajustarán sus funciones «a meros criterios de calidad y salud». Instarán, asimismo, a la Fiscalía General para que fije un catálogo de enfermedades profesionales en coordinación con la comisión de riegos laborales de los jueces. Por la comisión interasociativa se convocará también a una concentración de toda la Carrera Judicial y Fiscal.

Advierten, además, de que si los anteproyectos de reforma de la LOPJ no se paralizan, «ya que atentan a la independencia de los jueces y a la autonomía de los Fiscales» y sigue sin abrirse una vía de negociación «seguiremos adoptando medidas de presión concretas sin descartar paros parciales y huelga»; agregando que las asociaciones de jueces y fiscales prestarán cobertura y asistencia «a todos aquellos jueces y fiscales que secunden estas medidas».

Por otro lado, los jueces integrantes del Partido Judicial de Arcos de la Frontera (Cádiz) han expresado su «más absoluta disconformidad» con las reformas operadas hasta la fecha y los proyectos que se anuncian, al entender que afectan a la independencia de la Carrera Judicial, «a nivel individual y a su Órgano de Gobierno»,  y que implican «en la práctica» un incremento aún mayor de la carga de trabajo y una reducción de los periodos de descanso; «afectando de una manera muy directa a la dignidad profesional, a la conciliación de la vida familiar y laboral, y a la propia salud de quienes integramos el Poder Judicial».