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Sevilla, 14 jun.- La consejera andaluza de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha dicho a Efe que, con el Plan de Protección del Litoral, el proyecto de urbanización junto a la playa de Valdevaqueros (Tarifa, Cádiz) queda «descartado» y que esa iniciativa «sería una monstruosidad comparable con el Albarrobico».

Ese plan, con el que la Junta pretende salvaguardar los quinientos metros de franja costera y que ya ha recibido unas cuatro mil alegaciones, «se adaptará a la realidad económica y social de Andalucía» mediante la aceptación de alegaciones que no sean contrarias a la protección de esa franja litoral, según Serrano.

«Lo primero es proteger la franja litoral y ordenarla para garantizar un turismo de calidad» porque de lo contrario, según la consejera, «los turistas optarán por irse si aquí encuentran una costa mal planificada».

Serrano, que ha recordado que la nueva Ley de Costas del Gobierno central «es más laxa» y está recurrida, ha pedido al PP «una visión más a largo plazo» sobre este asunto, y ha garantizado que la relación con la Consejería de Turismo es «perfecta» con respecto a la posibilidad de instalación de nuevos campos de golf, y que estos proyectos serán analizados en el caso de que se presenten.

Medio Ambiente carece de una cifra siquiera aproximada del número de viviendas ilegales que están siendo regularizadas en la región, si bien la consejera ha afirmado que no podrán serlo el cien por cien, por hallarse algunas de ellas en zonas especialmente protegidas e incluso en cauces.

Sobre la adaptación de los planes de ordenación urbana (PGOU) de los Ayuntamientos a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) ha confiado en que esté culminada en el plazo de dos años o dos años y medio y ha calificado de «incomprensible e injusto» que algunos ayuntamientos no hayan iniciado la redacción de sus PGOU tras diez años.

Entre las grandes ciudades, el caso de Jaén es el que acumula un mayor retraso, según la consejera, quien ha explicado que esta adaptación supondrá «una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos y los ayuntamientos», los cuales «podrán ofrecer seguridad para atraer proyectos de inversión, ya que el dinero siempre es huidizo a la inversión con riesgos».

Para Serrano, el rechazo al «ladrillazo, la especulación y la corrupción» no impide «no demonizar un sector tan importante como la construcción» cuyo futuro pasa por que se haga «sostenible» y se adapte a los retos de eficiencia energética y al reto del cambio climático «actuando de lo local a lo global, para que actuemos todos».

Este mismo análisis ha aplicado al sector de la minería, «muy importante en Andalucía para recuperar comarcas enteras», si bien ha advertido: «No vamos a caer en errores del pasado», en alusión al desastre del vertido tóxico de Aznalcóllar, cuya mina se intenta reabrir con el apoyo del Gobierno regional y la oposición.

En Aznalcóllar «se cumplirá la legislación ambiental en su grado máximo», lo que en su opinión salvaguardará la conservación del área de Doñana porque la prioridad es «la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural».

Sobre las declaraciones de impacto ambiental y la gestión de parques naturales, Serrano ha rechazado que haya un parón o una desregulación ambiental, ya que «lo importante en estos momentos es hacer fácil la vida a los ciudadanos y facilitar a los empresarios permisos y licencias, pero sin bajar la guardia en lo ambiental».

La «apuesta por la biodiversidad» no es incompatible, según Serrano, con eliminar trabas como declaraciones de impacto ambiental que no son preceptivas o con, ha puesto como ejemplo, dejar de exigir una calificación ambiental a las peluquerías.

La consejera es partidaria de «simplificar procedimientos y agilizar trámites» porque «si en los parques naturales se prohíbe todo, se despoblarán y entonces es cuando estarán abandonados».

Sobre la depuración de aguas para la que se aplica un canon desde el 2011, Serrano ha asegurado que lo recaudado desde ese año a diciembre pasado se eleva a 133 millones de euros y que lo invertido en ese periodo en depuración es de 200 millones, si bien ha admitido que «ni Andalucía ni España» llegarán al 2015 con todas las depuradores terminadas, aunque Andalucía tratará de hacerlo «con el mayor grado de cumplimiento».