Estas limitaciones constituyen, en nuestra opinión, un serio obstáculo al ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información.Al igual que hiciera la Asociación de la Prensa de Madrid, queremos recordar que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen establece que no se reputarán, con carácter general, como intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o publicación de imágenes de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capture durante un acto público o en lugares abiertos al público.Con la entrada en vigor hoy de la “ley mordaza”, el ejercicio del periodismo sufre un grave revés y por lo tanto todos somos un poco menos libres.Por otro lado, la APCG se suma al rechazo unánime de la profesión a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicha reforma, aún en tramitación parlamentaria, proyecta limitar la captación de imágenes de los detenidos en el momento en que se practican dichas acciones por las fuerzas del orden y en sus traslados posteriores.

Se trata de la primera vez que periodistas y editores han coincidido en la denuncia de una reforma legislativa.No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional, cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, viene argumentando en sus sentencias que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.