La defensora del pueblo interina, María Luisa Cava de Llano, ha anunciado en la presentación del informe correspondiente a la gestión de la institución durante 2010, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que va a solicitar al Ministerio de Justicia que estudie con «toda seriedad y rigor» la inclusión del «despilfarro» del dinero público y su tipificación como delito en el Código Penal.

 «Se trata de mirar hacia delante y no hacia atrás. Como ustedes saben las leyes penales no tienen carácter retroactivo, por lo tanto no es cuestión de mirar al pasado si no al futuro. Para que entre todos dignifiquemos la clase política y demos respuesta a las demandas sociales tan justas, como claras y reiteradas en los últimos tiempos», ha argumentado.

Así, ha querido hacer una reflexión sobre este tema, «que escandaliza a los ciudadanos» y representa «un clamor en la calle», «deudas que habrán de pagar las futuras generaciones y facturas, que se cuentan por centenares».

De hecho, se ha preguntado si la legislación española es adecuada para expresar en términos jurídicos el «reproche social» que el despilfarro del dinero público merece, «una de las causas determinantes de la crisis», según ha apuntado, y que puede suponer el recorte de derechos sociales.

Según ha insistido, se trata del dinero de todos los españoles que ha sido obtenido por las administraciones públicas a través de los impuestos, que gravan la renta o el consumo de millones de personas. Es más, ha reconocido que España se encuentra en un momento de reducción del gasto público para todas las administraciones, como consecuencia de la crisis.

«Desde la institución que represento es necesario reivindicar la necesidad de hacer cada día más fuerte el compromiso de la sociedad con el espíritu y la letra de los derechos fundamentales que recoge el artículo primero de la Constitución», ha apostillado.

REPRESENTA LA CATALANOFOBIA

Desde ERC, Joan Tardà ha indicado que las últimas consultas demuestran que el Defensor del Pueblo ha perdido valor porque los ciudadanos «consideran que su prestigio está en crisis», y además, «en Cataluña representa la catalanofobia».

 «Desde CiU le decimos que no tantas declaraciones de amor hacia ese amor por Cataluña que no demuestra», ha llamado la atención la diputada nacionalista catalana, Monsterrat Surroca, al mismo tiempo que ha querido felicitar a Cava de Llano por la «labor compleja» que desarrolla la institución, de la que también ha reclamado «más transparencia». Eso sí, no ha querido dejar pasar la crítica hacia el PP y el PSOE por no haber sabido ponerse de acuerdo en este último año para decidir un nuevo defensor del pueblo.

Por parte del PNV, Emilio Olabarria, ha señalado que la defensora del pueblo ha puesto en relieve temas que a su grupo parlamentario le  interesan, como el caso de los menores no acompañados, en el que se han vislumbrado malos tratos.

Desde el PP, Ricardo Tarno, ha comentado que el papel del Defensor del Pueblo debe ser «más proactivo» y este «prolijo informe» es un reflejo de la realidad española. «Esperamos que no caiga en saco roto y que las recomendaciones, sugerencias y quejas sirvan para mejorar la prestación de servicios públicos y la calidad de vida de los españoles», ha agregado.

Por parte del PSOE, el diputado Miguel Ángel Heredia ha criticado los «recortes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP», tanto en Educación como en materia de Dependencia o Sanidad. De igual forma ha destacado el gran volumen de quejas que existen sobre las entidades financieras.

INFORME DE 2010

Así las cosas, el último informe del Defensor del Pueblo de 2010 recoge que la institución atendió en aquel periodo un total de 34.674 expedientes, un 56 por ciento más que en 2009, y gestionó 22.287 quejas, como consecuencia de la crisis económica.

 Precisamente, en el mes de abril, Cava de Llano hizo entrega de dicho informe a los presidentes tanto del Congreso como del Senado. En su encuentro con el presidente de la Cámara baja, José Bono, Cava de Llano destacó que este 56 por ciento más de expedientes respondía al crecimiento registrado por las quejas colectivas, que pasaron de 3.626 en 2009 a 17.449 en 2010; además de las quejas individuales, que se elevaron a 16.759. «Se trata de un dato muy espectacular, muy importante», puntualizó.

  Por distribución geográfica, el mayor número de quejas procedieron de la Comunidad de Madrid (21,85%), seguida de Andalucía (18,32%), Comunidad Valenciana (14,15%) y Cataluña (10,29%).

 Igualmente, detalló que experimentaron una «fuerte subida» las investigaciones de oficio, aquellas actuaciones o investigaciones propias que inicia el mismo Defensor del Pueblo, y que alcanzaron los 466 expedientes, frente a los 269 del ejercicio precedente.

¿DE QUÉ SE QUEJAN LOS ESPAÑOLES?

 El informe de 2010 destaca igualmente que, un año más, resaltan las quejas relacionadas con la ordenación económica, siendo las actuaciones de los bancos, el incremento de los impuestos y los recortes salariales a los funcionarios los que han generado miles de quejas.

A los ciudadanos también les preocupan los problemas con la Administración de Justicia, concretamente los retrasos indebidos y la falta de medios. De igual forma, sobresalieron los asuntos relacionados con el trabajo y la Seguridad Social; los temas relativos a la extranjería y la inmigración; o aquellos que tienen que ver con el urbanismo y la vivienda.

En cuanto a las quejas colectivas, la gran mayoría estuvieron relacionadas con la función pública y las políticas sociales, «lo que es un indicador del malestar provocado en amplios colectivos sociales por las medidas adoptadas por el Gobierno y el Parlamento durante 2010 para combatir los efectos de la crisis económica», según apunta la Memoria Anual del organismo.

Mientras, las quejas individuales relativas a temas económicos se duplicaron en 2010 pasando de 1.780 a 3.692. Además, se gestionaron 2.334 colectivas y 52 de oficio.

 «La actual situación de crisis ha elevado el número considerable de ciudadanos que exponen ante la institución la necesidad de regular con mayor eficacia y concreción las situaciones de insolvencia familiar o personal. En opinión de la Defensoría, la actual legislación no ofrece una respuesta adecuada», añade el texto.