En un oficio de la Fiscalía dirigido al colectivo ecologista, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que “lo más grave” en relación a esas 38 captaciones es que “se llevan a cabo sin respetar caudal ecológico alguno, teniendo incidencia en los valores ambientales del parque”.
Por ello, explica que se ha remitido la documentación recabada a la Fiscalía Delegada de Cádiz para que, mediante las correspondientes diligencias de investigación, se proceda al completo esclarecimiento de los hechos y de la autora de los mismos, por si fueran constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del artículo 325 del Código Penal.La denunciaLa denuncia contra el Ayuntamiento de Algeciras por un presunto delito de “hurto agravado” de agua a cuenta de las captaciones que se realizan para abastecimiento urbano e industrial en los espacios antes mencionados fue presentada a mediados de febrero.
En la misma, el colectivo ecologista expone que estas captaciones se efectúan “hasta dejarlo con un volumen muy inferior a su caudal ecológico”, lo cual es “manifiestamente ilegal y un auténtico sinsentido que no se sostiene desde el punto de vista ambiental ni desde el de la seguridad hídrica”.Detalla que en las zonas donde extrae el agua “para venderla a los ciudadanos de Algeciras u otros” es el Parque Natural de Los Alcornocales, con lo que forma parte de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen por ley medidas adicionales para su protección.
Forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, de la red Natura 2000, es Zona de Especial Protección para las Aves desde 1989 y Lugar de Importancia Comunitaria de la Unión Europea, entre otros.Argumenta Verdemar en su denuncia que Algeciras “tiene más que asegurado el suministro, al igual que la mayoría de los municipios del Campo de Gibraltar, sin tener que recurrir a aportes extraordinarios de manantiales del Parque Natural de Los Alcornocales”. Sin embargo, “sigue conduciendo arroyos a tuberías dentro del Parque Natural con concesiones sin validez, ‘de carácter temporal’, del año 1962″.“Motivos económicos”Razonan en su denuncia que “prescindir del agua embalsada únicamente por motivos económicos y literalmente destrozar un río en un espacio natural protegido para enriquecer a una empresa semiprivada (Emalgesa) es inadmisible”.Abunda Verdemar que “dejar en manos de una empresa el control total de la vida de un río equivale a lo que hemos visto sobre el terreno: dejarlo prácticamente sin agua solamente para engrosar su cuenta de resultados”.Asegura el colectivo ecologista que la vegetación de la Garganta del Capitán y otras dentro del parque natural “languidecen desde que se iniciaron las captaciones, y más especialmente desde que se recreció el nivel de la presa”.Sostiene que “concatenando varios años de sequía consecutivos se produciría una catástrofe ecológica en el arroyo, ya que moriría toda la vegetación de ribera”. Se da la circunstancia de que “buena parte” de la flora de la zona “está protegida por Ley”, enumerando la denuncia a modo de ejemplo más de 25 especies incluidas en la Lista Roja de la Flora Andaluza. Igualmente, alude a odonatos protegidos.Finalmente, resume que “vender agua de arroyos de un parque natural sin ningún tipo de autorización ilícitamente, poniendo en peligro la flora y fauna del lugar, puede ser un delito de hurto agravado” tipificado en el Código Penal.
