TCAM-SEVILLA/M.J.R.
La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha decidido suspender todas las declaraciones de imputados que tenía previsto tomar en los próximos meses, entre ellas las del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, prevista para el próximo día 26 de julio, tras recibir un atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social entre 1999 y 2010 y 50 anexos.
En un auto notificado este viernes 1 de junio de 2012 a las partes personadas en el presente procedimiento, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha señalado que «para efectuar este estudio, dada la relevancia del atestado, procede suspender todas las declaraciones que venían señaladas a fin de efectuar una remodelación del calendario de señalamientos».
Así, la magistrada ha suspendido las declaraciones como imputados, previstas para el próximo día 12 de junio, del presidente honorífico de la empresa Aglomerados Morell aunque jubilado en la misma desde 2000, Jorge Andrés Morell, y de su hijo y administrador de la empresa, Luis Morell.
También han quedado suspendidas las declaraciones del 27 de junio del presidente del Consejo de Administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, y del consejero delegado, Manuel Rafael Castilla, así como del día 12 de julio, cuando iban a comparecer ante la juez el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca.
Informe de la Guardia Civil
La jueza ha tomado esta decisión tras recibir por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el ‘Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010’, del cual ha dado traslado al resto de partes «sin perjuicio de que cuando se efectúe una lectura detallada del mismo por parte del Juzgado se adopten las decisiones oportunas respecto de las líneas de investigación y de las personas que en él se mencionan».
En dicho informe, la UCO indica la sospecha de que durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas, «se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación» que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En ese mismo atestado, los agentes analizan el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo bajo los sucesivos mandatos de Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Así, en el punto referido al mandato de Guerrero, encarcelado desde el 10 de marzo en la prisión de Sevilla-1, consideran que «los miembros del Consejo de Gobierno sí conocerían el sistema utilizado» para conceder las ayudas investigadas, «participando en mecanismos que lo harían viable».
No obstante lo cual, los agentes de la UCO sí afirman con rotundidad que, de las actuaciones llevadas a cabo, «no se deduce que se destruyera documentación alguna durante las revisiones realizadas ni en la Dirección General de Trabajo durante el fin de semana del 20/21 de noviembre de 2010, ni posteriormente por los equipos que trabajaron tanto desde esta Dirección General como desde» la Consejería de Empleo, añadiendo que «el objeto de la revisión era el hallazgo de irregularidades que eran tramitadas a través» del departamento de Rivera «a los responsables» de dicha Consejería.
Al comienzo del atestado, los agentes de la UCO dicen que el informe aportado a la magistrada «será oportunamente ampliado consecuentemente al desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad, procediendo a la elaboración de nuevos atestados relativos, entre otros asuntos, a las ayudas a empresas concedidas por la Junta y al posible conocimiento de los hechos por otras consejerías y por otros órganos superiores de la mencionada Administración».
Suspendidas las declaraciones
«Para efectuar este estudio, dada la relevancia del atestado, procede suspender todas las declaraciones que venían señaladas, a fin de efectuar una remodelación del calendario de señalamientos», ha indicado la instructora del caso Mercedes Alaya, quien en ese mismo auto libra oficio a la Agencia Tributaria para que suministre «la información que obra en sus bases de datos» referidas a las relaciones jurídico-económicas entre 2001 y 2011 de la Junta y la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) con Garrigues y Estudio Jurídico Villasís.
Tras recibir «mediante entrega en mano» parte de la información solicitada respecto de las relaciones de la Junta e IDEA con Garrigues, la juez dictó un auto el mismo día 31 de mayo en el que señala que, «por lo que se refiere a la nueva línea de investigación que se está desarrollando tanto por la UCO como por el Juzgado respecto de los despachos profesionales y su relación con la Consejería de Empleo, procede requerir a Garrigues para que aporte un organigrama «detallado» de las personas que han integrado la oficina de Garrigues en Sevilla desde 1999 hasta la actualidad.
En este segundo auto que ha sido notificado este viernes a las partes, la magistrada ordena al despacho que «especifique las personas que de manera mediata o inmediata hayan intervenido en el asesoramiento a las diferentes empresas que han recibido ayudas directas o sociolaborales», así como «en el asesoramiento que por diferentes encargos, estudios o contratos de servicios hayan prestado a la Junta en relación a la instrumentalización de las ayudas sociolaborales o directas a empresas».
«Enriquecimiento ilícito»
En base a la información facilitada por la Agencia Tributaria sobre las declaraciones tributarias entre Garrigues, la Junta e IDEA, la juez tacha de «significativa» la «discordancia» existente entre los datos declarados por el IFA, según el cual el despacho le prestó servicios en 2003 por importe de 724.388,68 euros, y por Garrigues, «que declara haberle facturado a la primera sólo 49.160,80 euros».
Por ello, la juez pide a la Junta que aporte al Juzgado «a la mayor brevedad posible y en un plazo no superior a 20 días» diversa información al respecto, todo ello debido a que «es objeto de investigación el papel que los despachos profesionales aludidos han podido tener en la trama que se investiga de enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos con motivo de las subvenciones concedidas».
«Ante la evidencia del asesoramiento constante en el tiempo por parte» de Garrigues «y para poder determinar el papel activo o pasivo que a lo largo de esta década haya podido jugar el gabinete jurídico de la Junta en la ideación, puesta en práctica y consecuencias derivadas de la aplicación del llamado Procedimiento Específico instaurado el 17 de julio de 2001 por el convenio marco de la citada fecha», por el que se regulaban las ayudas irregulares, la juez requiere a la Junta para que remita un organigrama «detallado» de las personas que ocuparon desde 2001 hasta la actualidad el gabinete jurídico de la Junta y de las asesorías jurídicas de las consejerías de Empleo e Innovación dependientes del citado gabinete.
El caso ERE en los medios
Sobre esta noticia, conocida hoy, ABC ha destacado del informe de la Guardia Civil que el actual diputado del PSOE y anterior consejero de Empleo, José Antonio Viera, podría haber promovido las ayudas ilegales de los ERE:
«El atestado que la Guardia Civil ha remitido a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE sobre el funcionamiento de laDirección General de Trabajo concluye que el que fuera consejero de Empleo y actual diputado del PSOE, José Antonio Viera, «jugó un papel esencial por ser el que promovió» las ayudas que el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero «adjudicó ilícitamente». Y También que el exconsejero Antonio Fernandez (hoy en prisión por el caso) fue responsable de que dichas ayudas siguieran pagándose cuando ocupó el cargo en sustitución del anterior.»
Por su parte, El País asegura, tras haber leído el informe de la Guardia Civil que «La Junta eleva a 85 millones el dinero defraudado con los ERE» y continúa diciendo que:
«La Junta estima que concedió de manera irregular 85 millones en ayudas directas a empresas y falsas prejubilaciones gracias al fondo para compañías en crisis que subvencionó los ERE (expedientes de regulación de empleo) entre 2001 y 2010. La cifra incluye 73,8 millones que el Gobierno andaluz reclama ahora a través de 189 procedimientos de reintegro a las empresas y 11,2 millones dados ilegalmente a los 126 intrusos (personas que nunca trabajaron en las firmas beneficiadas).»
El periódico El Mundo, destaca en su titular que «La Guardia Civil sostiene que el gobierno de la Junta conocía la trama de los ERE», asegurando en el interior de la noticia que este «sistema irregular» funcionó durante nueve años, según datos proporcionados por la Guardia Civil:
«Según la Guardia Civil, durante nueve años desde 2001 la Junta utilizó un sistema de «adjudicación irregular de ayudas que de manera injustificada sustituía la legislación aplicable» e impedía su fiscalización, en una situación en la que el Consejo de Gobierno «conocía el sistema utilizado, participando en mecanismos que lo harían viable». El «descontrol absoluto» de las ayudas comenzó con Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2008 y encarcelado desde marzo pasado, con la «activa colaboración» de alguno de sus subordinados y permitió adoptar «decisiones discrecionales que nada tenían que ver con necesidades objetivas sino más bien con intereses personales».
