IAM/EP El Juez José Castro ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo y la ha citado a declarar el 8 de marzo, según un auto dictado este mismo martes.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo mediante un auto de 227 páginas que ha dictado este mismo martes. La hija del Rey Don Juan Carlos será de este modo interrogada por su participación en el impulso de la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria junto a su marido Iñaki Urdangarin, así como en torno a la supuesta defraudación a Hacienda y los gastos en los que incurrió a través de esta mercantil. La decisión está avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, así como los propios Duques de Palma, se oponen a este extremo al considerar que los indicios que pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal. Ya el pasado mes de abril el juez encausó a la Infanta al considerar que habría incurrido en los mismos delitos que presuntamente cometió su marido a través del Instituto Nóos, si bien la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares dejó sin efecto esta imputación, dejando, no obstante, las puertas abiertas a que fuese investigada por blanqueo y fraude a la Hacienda pública. Unas pesquisas que el magistrado ha llevado a cabo a lo largo de estos nueve meses. Y es que, según el tribunal, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos -que a su vez percibió cantidades de dinero público- así como de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son cotitulares. El tribunal recalcaba así que el dinero que, de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos, no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible «conocimiento del origen ilícito y delictivo» de estos fondos.
