TCAM/EP La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz, Cristina Saucedo, ha informado este miércoles de la apertura de un expediente de investigación para conocer la «cantidad» y la «calidad» de la alimentación que el Grupo Brassica ofrece en los comedores escolares andaluces con los que tiene contratado el servicio realizando auditorías. Tras iniciar la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), un expediente de resolución de contrato a la empresa Brassica Group ante los reiterados «incumplimientos» en los que ha incurrido la misma en la prestación del servicio de comedor escolar en colegios públicos andaluces, Saucedo ha asegurado que la Junta de Andalucía «no va a permitir que exista una falta de calidad alimentaria de los alumnos» y que, por ello, se ha abierto este expediente de investigación y se están realizando auditorías «para demostrar la calidad del servicio y la cantidad que se está dando al alumnado». La delegada, además, ha indicado que Brassica tiene contratos «con algunas cafeterías de hospitales» y, aunque ha señalado que no existen problemas con ellos, sí ha añadido que «se revisarán». Preguntada por cuánto tardará en retomarse el servicio tras iniciarse el expediente de resolución de contrato, Saucedo ha señalado que el contrato tendrá la forma de un negociado sin publicidad, así que se resolverá «cuanto antes». Igualmente, ha criticado a la empresa por no haber informado a la Consejería de que este pasado martes no se ofrecería el servicio de comedor, asegurando que «se podría haber dado atención al alumnado con los servicios mínimos y de una forma satisfactoria, pero no informó». Al hilo, ha recordado que Brassica cuenta con un 60 por ciento de ingresos derivados de las subvenciones que otorga la Junta y con otro 40 por ciento de ingresos directos de las familias de los alumnos, por ello insta a la empresa «a que afronte el pago a los trabajadores y a la Seguridad Social». Por su parte, el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, tras mantener una reunión con los trabajadores del Grupo, ha señalado que desde la Administración regional han «aconsejado» a la plantilla que «denuncien a la empresa» porque, tal y como ha reiterado, «la Junta no tiene ninguna deuda con el Grupo y se la he pagado no ya con retraso si no de forma adelantada». «No somos responsables de la situación que se ha generado ni con los trabajadores ni con los alumnos, hemos actuado con la máxima diligencia», ha agregado López Gil.
