El texto, que entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone el blindaje por primera vez de esta actividad con rango de ley en toda España. De hecho, el senador del PP Sebastián Ruiz Reyes ha afirmado durante el debate que al aprobarse esta norma, «los toros volverán a Cataluña», comunidad en la que las corridas están prohibidas desde julio de 2010. Y es que el objeto de esta Ley, que nace de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) firmada por 580.000 españoles, es delimitar la Tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional. Según establece el texto, recogido por Europa Press, con esta iniciativa las diferentes administraciones públicas tienen el «deber general de garantizar la protección y, a su vez, desarrollar unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado». La Proposición de Ley ha sido aprobada tal y como salió el 2 de octubre del Congreso de los Diputados, y después de que en la Comisión de Cultura del Senado se rechazaran el 31 de octubre cinco vetos y 57 enmiendas parciales, situación que se ha repetido este miércoles en el debate plenario. Según recoge esta Proposición de Ley, la Tauromaquia conforma un «incuestionable patrimonio cultural inmaterial español». Además, la norma recalca que Tauromaquia tiene una «indudable trascendencia como actividad económica y empresarial».»LA TAUROMAQUIA ES CULTURA» El presupuesto de esta norma es la afirmación de que «la Tauromaquia es cultura, comprendiendo otras facetas dignas de protección aparte del propio espectáculo, ya que comprende todo un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, que van desde la crianza del toro a la confección de la indumentaria de los toreros, la música de las corridas, el diseño y la producción de carteles». Para lograr los fines de la norma, el Gobierno desarrollará diversas medidas, como la aprobación de un Plan Nacional en el que se recogerán medidas de fomento y protección de la Tauromaquia, «garantizando el libre ejercicio de los derechos inherentes a la misma». Asimismo, el Gobierno impulsará los trámites necesarios para solicitar la inclusión de la Tauromaquia en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Además, en el plazo máximo de tres meses desde este miércoles, el Gobierno impulsará las reformas normativas necesarias para recoger dentro de la legislación española el mandato y objetivos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. En esta línea, es tarea del Gobierno actualizar la normativa taurina, así como «impulsar normas y actuaciones que fomenten el principio de unidad de mercado, responsabilidad social y libertad de empresa en el ámbito de la Tauromaquia, en consideración a los beneficios económicos, sociales y medioambientales que esta actividad genera». El Ejecutivo también impulsará y desarrollará, en colaboración con las restantes Administraciones Públicas, los mecanismos de transmisión de los conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que confluyen en la corrida de toros y «el arte de lidiar». «También potenciará otras medidas de identificación, documentación, investigación, valoración y transmisión de este patrimonio», agrega el texto. A través de esta Proposición de Ley se crea, asimismo, la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, bajo la presidencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como órgano de participación y colaboración de las administraciones públicas con competencias sobre la Tauromaquia y de los sectores vinculados a la misma.DEBATE COMPETENCIAL El debate en el Pleno del Senado, que ha durado cerca de cuatro horas, ha estado centrado en buena parte en la cuestión competencial y en un hipotético regreso de las corridas de toros a Cataluña, a pesar de que su Parlamento Autonómico aprobara su prohibición en julio de 2010. Así, el senador del PP Sebastián Ruiz Reyes ha afirmado que «los toros volverán a Cataluña con la legitimidad de los votos del Senado» («y no con la legión», ha añadido para responder a la senadora de ERC Ester Capella, quien había amenazado con este extremo en una intervención anterior, asegurando que «si los toros vuelven a Cataluña será con la legión»). Para Ruiz Reyes, el Estado tiene «capacidad competencial para corregir» la situación de la cultura taurina en el país. Además, ha recordado que la Constitución vela por el «acceso libre de todos los ciudadanos a la cultura». «Las competencias están claras», ha recalcado, para después afirmar que «la Administración General debe proteger la tauromaquia por los criterios de cultura, de valor ecológico y económico». Estos planteamientos no han convencido al senador de CiU Joan Baptista Vagué, quien ha hablado de «invasión competencial flagrante y descarada», así como de un «intento muy forzado de legislar sobre lo que no corresponde de acuerdo a la distribución competencial de cada administración». «Es despropósito jurídico», ha señalado. Para Baptista Vagué, el Estado «no tiene competencias para legislar» sobre los aspectos que contempla esta propuesta, pues este tema, a su juicio, depende de las Comunidades Autónomas. Así, ha afirmado que la norma aprobada este miércoles «entrará en colisión directa con un acuerdo legal del Parlament de Cataluña». Por su parte, Carlos Martí (Entesa) ha recordado en esta misma línea que Cataluña reguló la tauromaquia «en virtud de las atribuciones que le otorga su estatuto», por lo que para cambiar eso solo hay dos caminos: «o mayorías nuevas en el Parlamento de Cataluña o el Tribunal Constitucional». «Olviden sus fantasías centralizadoras y defiendan de verdad la cultura», ha apostillado, al tiempo que reclamaba una Ley de Propiedad Intelectual y una Ley de Mecenazgo. Desde el PSOE (que se ha abstenido), el senador Enrique Abad ha denunciado, en línea con los nacionalistas, que esta iniciativa nació «como reacción a la decisión del Parlamento de Cataluña», al tiempo que ha criticado que el texto finalmente votado, tras las modificaciones del PP, «no se parece en nada» a la ILP que inició todo el proceso con las firmas de 580.000 ciudadanos. Finalmente, el senador del Grupo Mixto Jesús Iglesias (IU) ha insistido en que esta norma supone una «invasión competencial», y ha remarcado que «solo las Comunidades Autónomas pueden decidir si se celebra la fiesta de los toros» en sus territorios. Además, ha acusado al PP de usar «argumentos falaces» para defender la Tauromaquia.
