IAM/Redacción Los operadores con sede en el Peñón y que forman la Asociación de Gibraltar, acatan la nueva ley y activan sus licencias en el Reino Unido, algo que les obligará a pagar un impuesto del 15% sobre los beneficios que se deriven de sus clientes británicos. El Gobierno de Fabián Picardo en contra de la nueva ley.
Los operadores con sede en el Peñón y que forman la Asociación de Gibraltar, se han visto obligados a activar sus licencias en el Reino Unido coincidiendo con la entrada en vigor el pasado sábado de la nueva Ley de Apuestas. Se trata de la llamada Gambling Act, puesta en marcha por el Gobierno de David Cameron y contra la que se habían mostrado muy beligerantes porque les obliga, entre otras medidas, a pagar un impuesto del 15% sobre los beneficios que se deriven de sus clientes británicos.
La nueva ley obliga que todos los operadores de juego online tienen que tener una licencia que haya sido expedida por la Comisión de apuestas del Reino Unido como condición indispensable para hacer publicidad de sus productos a los jugadores británicos.
LA LEY AFECTA A LAS PRINCIPALES CASAS DE APUESTAS
Las grandes casas de juego que tienen su sede actualmente en Gibraltar, como William Hill, Betfaire, Bet365. Bwin, Mansion, 888 y un largo etcétera se habían ido trasladando en los últimos años a la colonia precisamente porque se beneficiaban de su régimen fiscal. La nueva normativa intenta evitar la sangría de ingresos en forma de impuestos no pagados que sufría Reino Unido frente el Peñón. Londres estima de hecho que percibirá unos 360 millones de euros con la nueva ley, lo que visto desde el punto de vista de Gibraltar es dinero que se deja de ingresar.
EL GOBIERNO DE FABIÁN PICARDO EN CONTRA DE LA NUEVA LEY
Hace algunas semanas, el Gobierno de Fabián Picardo afirmó que la ley lo único que se pretende es favorecer a las empresas inscritas en el Reino Unido, porque «les otorga una ventaja comparativa frente a los órganos reguladores con sede en el extranjero» y estimó una pérdida de 1.300 puestos de trabajo sólo en Gibraltar. El pasado 21 de octubre, el ministro principal manifestó que un 10,3% del crecimiento del PIB de Gibraltar lo colocaría en el tercer puesto a nivel mundial, y que este crecimiento podría verse impulsado por las empresas de juego con base en Gibraltar si no fuera por la ley de sus desvelos.
Además Gibraltar Betting and Gaming Association (GBGA), la asociación que agrupa las casas de apuestas con sede en la Roca, interpuso una demanda con apoyo del Gobierno de Gibraltar por una normativa que consideraban «ilegal, ilegítima, desproporcionada, discriminatoria e irracional». En el recurso presentado, la GBGA argumentó que la Ley viola el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe a los países de la UE restringir la libre circulación de servicios entre los estados miembros. El 10 de octubre la Corte Real de Justicia de Londres lo rechazó. El proceso, en rigor, sólo ha servido para que su entrada en vigor se retrase un mes.
