TCAM-AGENCIAS/E.P.
Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años.
Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha «reforzado» la respuesta penal a la «mala gestión de los recursos públicos», ya que, aparte de las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se «ha dado un paso más» al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.
Pero en el proyecto aprobado hoy se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.
En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.
Además, esta norma incluirá una «pequeña» modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea «causa de inelegibilidad» haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.
TODAS LAS ADMINISTRACIONES Y PODERES PÚBLICOS
Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas. También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.
Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. «Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades», ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer «cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando».
Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.
LA AGENDA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es «mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno».
Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero «otras» son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera «sigilo y discreción». «Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final», ha aseverado.
La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es «un elemento clave para luchar contra la corrupción» porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.
«Eso a lo mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos», ha recalcado.
En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y «oculte facturas en el cajón», sepa que «puede ser sancionado y destituido». «España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente», ha añadido.
‘UNA NUEVA FILOSOFÍA DE LO PÚBLICO’
Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una «nueva filosofía de lo público» y ha confiado en que sea una norma «de consenso». Según ha añadido, va a suponer «un cambio de cultura administrativa muy importante».
Finalmente ha informado de que han atendido a la «inmensa mayoría» de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma «gane en rigor y en fortaleza», ya que «es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones».
