TCAM/REDACCION.P&R: Los socialistas quieren saber cuánto cuestan al erario público los privilegios de la Iglesia española y los beneficios fiscales que tiene frente al resto de los españoles por el Concordato de 1979.
Ante los “retrocesos” sociales que están instando en España la Iglesia católica y su situación de privilegio, Juan Moscoso del Prado, diputado por Navarra, ha presentado una serie de preguntas al Gobierno para que sean contestadas por escrito para conocimiento general de la ciudadanía. El objetivo es conocer la situación de “paraíso fiscal” en la que vive la Iglesia española y actuar después con las correspondientes iniciativas parlamentarias. Se trata de una ofensiva parlamentaria socialista para saber exactamente cuánto cuesta la Iglesia al erario público en estos momentos de crisis, ajustes y austeridad. Según los grupos laicistas, solo en 2011 la Iglesia recibió alrededor de 10.000 millones de euros, entre IRPF, dispensas fiscales (IBI e IVA), financiación a centros educativos católicos, subvenciones a centros sanitarios, mantenimiento del patrimonio artístico o asunción de gastos diversos. La Iglesia española, gracias al concordato de 1979, disfruta de una “exención total y permanente” de la contribución territorial urbana (IBI). Y sus miembros están exentos por completo del pago de los impuestos sobre sucesiones. Ante estos privilegios, el diputado del PSOE pregunta al final de su escrito al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, “¿Ha calculado el Gobierno el coste fiscal anual de las actividades descritas”. También el principal partido de la oposición quiere saber, cuántos profesores y con qué presupuesto total anual imparten la llamada «enseñanza religiosa». O cuántos capellanes castrenses, vicarios episcopales y resto de personal religioso ejercen sus servicios espirituales en el Ministerio de Defensa y cuánto cobran todos ellos. Y también por qué la Iglesia no paga impuestos (IVA) por sus publicaciones, ni por sus compras. Pero lo que me parece más increíble es la potestad que tienen los Obispos, cual si fueran notarios, para registrar bienes a nombre de la Iglesia, aunque sean bienes de dominio público. En este caso, la Iglesia se aprovecha de la existencia de una ley hipotecaria heredada del franquismo que fue ampliada en 1998 por el Gobierno de Aznar. Pues bien, con este “buen uso” que hacen los Obispos de la ley hipotecaria, solo en Navarra, desde 1998 hasta 2007 la Iglesia obtuvo 1087 propiedades que nadie había registrado. El gran problema que tiene esta iniciativa socialista es que llega tarde y los ciudadanos se preguntan qué hizo el PSOE mientras estuvo en el Gobierno para acabar con estos privilegios. Este ha sido un reto de la izquierda desde la Transición, sobre todo, siendo como somos un estado aconfesional según nuestra Constitución. Esta iniciativa hubiera resultado más creíble si se hubiera puesto en práctica en su momento. En fin, esto es algo que tiene que hacerse ya inexorablemente. Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Por lo que no se puede demorar ni un día más acabar con tantos privilegios de unos sobre otros, cuando la igualdad es una exigencia constitucional. Algo que si me gustaría ver algún día es cuantos católicos están dispuestos de verdad en este país -no de boquilla- a costear las necesidades y gastos de su Iglesia.
