MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) –

   El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, comparecerá este martes en el Congreso de los Diputados para explicar el conflicto con Gibraltar, tras seis semanas de cruces de denuncias y reproches que han llegado hasta la Comisión Europea, que enviará próximamente un equipo de observadores a la zona.

   El jefe de la diplomacia española presentó el lunes 12 de agosto una solicitud para acudir, a petición propia, a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja con el objetivo de «informar sobre los últimos acontecimientos en relación con Gibraltar». El ministro solicitó comparecer la primera quincena de septiembre, ya en el periodo ordinario de sesiones.

CONVERSACIONES AL MÁXIMO NIVEL

   El mismo día en que se registró su petición, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso un escrito para solicitar la comparecencia de García-Margallo en la Comisión Mixta para la Unión Europea para «informar del estado de las relaciones con el Reino Unido a propósito de Gibraltar».

   Las peticiones se presentaron en la Cámara Baja después de la conversación que mantuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico, David Cameron, quien propuso esta conversación para protestar por los atascos en la Verja por los controles de las fuerzas de seguridad españolas al paso de personas, vehículos y mercancías.

   El conflicto surgió después de que las autoridades gibraltareñas lanzaran al mar 70 bloques de hormigón, según alegan, para construir un arrecife artificial en beneficio de la fauna y la flora marinas. Sin embargo, los pescadores españoles denunciaron que el objetivo era impedirles faenar y, de hecho, inutilizaron el caladero.

   Después de este vertido, que el Gobierno llevó a la Fiscalía de Medio Ambiente, con una denuncia que comunicó a la secretaria de la Comisión Europea, las autoridades del Peñón denunciaron que se habían incrementado las colas para cruzar el control fronterizo.

   Ante esta queja, que las autoridades gibraltareñas trasladaron a Reino Unido, el Gobierno ha insistido en que es su obligación realizar registros en la frontera, ya que la colonia no forma parte del espacio Schengen, y tiene que garantizar el cumplimiento de la legislación sobre el tráfico de personas, bienes y mercancías.

   Las protestas llegaron ante la Comisión Europea, que decidió enviar una misión de observación a la Verja, en un principio para comprobar las colas de las que se quejaba Gibraltar pero que después ha ampliado su ámbito de actuación al contrabando que denuncia el Gobierno español.

   Así se lo pidió Rajoy al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en una conversación telefónica el pasado 19 de agosto. El jefe del Ejecutivo instó a que la misión comunitaria adopte un «enfoque global» que verifique también el contrabando y el blanqueo de capitales.

   A estos incidentes se sumó la construcción de un nuevo espigón en la costa este de la colonia, que también ha sido denunciado por el Gobierno ante la Fiscalía de Medio Ambiente, al considerar son «contrarios» a la normativa de la Zona de Especial Conservación (ZEC).

   El Gobierno ha defendido durante este tiempo que la situación en la colonia exige conversaciones con Reino Unido, que pueden ampliarse a las autoridades locales de Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Su mensaje ha sido de voluntad de continuar con las relaciones bilaterales que mantiene con Londres, pero también de firmeza en la defensa de sus convicciones.

   Por su parte, el principal partido de la oposición ha asegurado que apoya al Gobierno en la defensa de la legalidad, pero ha criticado el modo en que se condujo el conflicto, de una manera que calificó de «gran torpeza diplomática».