Recuerda a Picardo que, con este Gobierno, el foro tripartito «no es posible»

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha recalcado este jueves a las autoridades de Gibraltar que España está «cumpliendo estrictamente la legislación» con los controles en la verja, mientras que las autoridades del Peñón la están «violando» con el lanzamiento de bloques de hormigón al fondo del mar.Así se ha pronunciado el jefe de la diplomacia, en declaraciones a Europa Press, después que el Gobierno gibraltareño anunciara que ha presentado una queja ante la Comisión Europea por los retrasos «provocados deliberadamente por las autoridades españolas» a las personas que pretenden entrar o salir del Peñón.Margallo ha insistido en que España «tiene que cumplir y hacer cumplir la legislación de control aduanero para evitar el contrabando, los tráficos ilícitos y el blanqueo de dinero» y, por eso, ha explicado que los controles en la frontera del pasado fin de semana no responden a otra cosa que al «cumplimiento estricto de la legislación europea».  «La diferencia es que nosotros estamos cumpliendo estrictamente la legislación y el Gobierno de Gibraltar ha escogido una política de hechos consumados violando la legislación europea, entre ella la legislación medioambiental», ha añadido.García-Margallo se ha referido de esta manera al lanzamiento de bloques de hormigón que las autoridades de Gibraltar llevaron a cabo la semana pasada en aguas próximas al Peñón, en las que faenan pescadores españoles y que el Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente.Además, el ministro ha recordado que España ha «prohíbido el tránsito» hacia Gibraltar de los camiones que llevan los materiales para construir estos bloques, haciendo así «posible ese delito medioambiental».A juicio del Ejecutivo, el lanzamiento de estos bloques de metro y medio cúbicos, de los que sobresalen hierros, puede suponer una violación del Derecho Internacional en aguas españolas, del Derecho de la UE y sus normas medioambentales e incluso del Derecho penal español, como un posible delito medioambental.Gibraltar ha argumentado que con estos bloques pretende construir un arrecife artificial para proteger la biodiversidad en el fondo marino, mientras que los marineros españoles han denunciado que busca perjudicar su pesca.Según el Gobierno, aún en el caso de que el objetivo sea la construcción de este arrecife artificial, el lanzamiento de bloques de hormigón se ha hecho sin tener la necesaria autorización para ello

ESPERABAN DIÁLOGO CON LONDRES, NO HECHOS CONSUMADOS DE GIBRALTARGarcía-Margallo ha explicado que España y Reino Unido habían acordado iniciar «un diálogo» sobre asuntos de pesca y legislación medioambiental  en las aguas próximas al Peñón, donde confluyen «dos lugares de interés comunitario desarrollados por zonas de especial conservación que coinciden».Sin embargo, cuando España estaba «esperando el diálogo que se había prometido», se ha encontrado con que Gibraltar actúa «con un hecho consumado», lanzando decenas de bloques de hormigón al fondo marino que «destruyen» el caladero.Además, García-Margallo ha respondido al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que «mientras esté gobernando este Gobierno no existirá» el foro tripartito, que el dirigente gibraltareño ha instado este jueves a reabrir. «Lo dije desde el primer día, la equiparación entre Gibraltar, España y Reino Unido no es posible», ha remachado.Poco antes de que se conociera la denuncia de los controles en la verja ante la Comisión Europea, Picardo ha querido «tender la mano» al Ejecutivo español y ha propuesto reeditar el foro tripartito que impulsó el anterior Gobierno socialista.García-Margallo ha respondido que España está dispuesta a un diálogo «a dos» con Reino Unido, de manera que si interviene Gibraltar también lo haga la autoridad española competente en la materia –en el caso de la legislación medioambiental, por ejemplo, sería la Junta de Andalucía–, pero no va a reconocer a Gibraltar «un estatus idéntico al que tienen España y Reino Unido».

Gibraltar presenta una queja ante Bruselas por los retrasos «provocados» por España en la frontera

El Gobierno de Gibraltar ha presentado una queja ante la Comisión Europea a raíz de los retrasos «provocados deliberadamente por las autoridades españolas» a las personas que pretenden entrar o salir del Peñón.

El Ejecutivo liderado por Fabian Picardo ha informado este jueves en un comunicado de que, además de una carta de protesta, el viceministro principal, Joseph García, ha presentado un documento con «información fáctica».

En la carta, García mantiene que, «si bien España tiene derecho a comprobar las personas y los bienes que pasan por la frontera, estos controles deberían ser proporcionados y no interferir con la libertad de movimiento de los ciudadanos de la Unión Europea a través de una frontera interna de la UE».

El informe, describe «el grave problema humanitario» que, según el Gobierno del Peñón, se creó cuando «miles de ciudadanos de la UE, entre los que había ancianos, personas enfermas y niños, se vieron afectados por unos retrasos que duraron hasta seis horas». Para ayudar a las personas que hacían cola a soportar unas temperaturas de hasta 30 grados centígrados, las autoridades gibraltareñas repartieron 11.000 botellas de agua.

TODOS LOS COCHES SON INSPECCIONADOS

García ha indicado que las autoridades españolas no tienen establecido un sistema de canales rojo y verde en la frontera –por el cual una persona no tendría que someterse a controles cuando no tuviera nada que declarar– y que «prácticamente todos los coches que entran en España son parados e inspeccionados».

El informe entregado a Bruselas incluye datos estadísticos «detallados» sobre los retrasos que se han producido en la frontera durante los meses de junio y julio, más de 30 fotografías, recortes de prensa de medios de comunicación gibraltareños, británicos y españoles y, por último, una serie de críticas de empresas, organizaciones y políticos españoles por los retrasos.

Este miércoles, el Ejecutivo de Gibraltar había animado a los afectados a denunciar la situación ante el Servicio Europeo de Acción Ciudadana.

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