El conflicto por el peñón de Gibraltar revive cada vez que los gobiernos de España y el Reino Unido necesitan una excusa política. Trescientos años después de que España se vio obligada a ceder el enclave por el tratado de Utrecht, la tensión entre los dos países resurgió cuando las autoridades locales colocaron en el fondo del mar unos arrecifes artificiales que amenazan a los pescadores españoles que faenan en esas aguas. 

En respuesta, Madrid subió las tarifas que cobra a lugareños y turistas para pasar la frontera e hizo más estrictos los controles, mientras los británicos resolvieron hacer ejercicios navales allá, lo que subió aún más la tensión. Al final de la semana, el gobierno de Mariano Rajoy anunció su intención de llevar el tema a instancias internacionales para obligar al de David Cameron a devolverle un territorio que considera suyo. Para muchos observadores internacionales, aunque la justicia del reclamo no tiene discusión, la oportunidad sugiere que el responsable de Madrid necesita urgentemente una válvula de escape ante los problemas que atraviesa su gobierno.