Fernando García Benavides», y los emplazara a una reunión para el mes de febrero, pero piden a Maeztu que «se deje de gestos y haga público el dictamen de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)» sobre la comarca del Campo de Gibraltar. En una nota de prensa, las citadas organizaciones indican que «en ningún caso» pueden aceptar «las disculpas de García, ni por sus argumentos ni por sus formas». El presidente de la SEE señaló, en relación al informe encargado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que «la situación sanitaria ha mejorado en los últimos años» en el campo de Gibraltar y que las generaciones futuras «no tienen que preocuparse por esos riesgos que podría haber habido en épocas anteriores». Las organizaciones resaltan que no les parece «de recibo» que sea el Defensor del Pueblo Andaluz «quien traslade las disculpas del presidente de la SEE» y estiman que es la SEE «quien debía haber pedido disculpas públicamente, primero por las desafortunadas declaraciones y segundo por las continuas demoras en la entrega del dictamen». Además, señalan que «los retrasos de la SEE en la entrega del trabajo encargado ponen en entredicho al Defensor del Pueblo Andaluz, que incumple su compromiso de informar a las organizaciones», y aseguran que la reunión anunciada para febrero de 2014 con la SEE y el equipo investigador «no se ha celebrado, lo que muestra su debilidad para exigir a la SEE el mencionado dictamen». «Ya es hora de que se haga público un informe que el anterior Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, pidió a la citada sociedad y que esta se comprometió a entregar primero en diciembre de 2012, luego en febrero de 2013 y por último febrero de 2014, y que a día de hoy sigue sin entregarse según comunica la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz», destacan. Para la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fabricas, CGT Campo de Gibraltar y las organizaciones Cooperación Alternativa, Agaden y Ecologistas en Acción-Verdemar, de ser así «queda de manifiesto la poca profesionalidad y seriedad de la SEE». «Si la SEE es incapaz de abordar este trabajo que se busque a otra institución para realizar el dictamen, porque la realización de estudios epidemiológicos necesarios para conocer los efectos que la contaminación de las industrias del arco de la Bahía tiene sobre la población campogibraltareña es una reivindicación histórica y urgente», recalcan. Así, explican que el informe de la SEE «establecería las líneas de trabajo sobre las que se debe incidir en los deseados estudios epidemiológicos, tal y como señaló en su momento Chamizo». Las organizaciones exponen que los planes actuales de la administraciones públicas, del Ayuntamiento de Los Barrios, Ayuntamiento de Algeciras, Ayuntamiento de San Roque, Junta de Andalucía y del Gobierno «no son las de minimizar la concentración industrial y sus redes de comunicación, sino todo lo contrario, aumentarlas e incrementar un desarrollo económico más insostenible, suicida para la población campogibraltareña». Este desarrollo económico «más insostenible» aseguran que «sólo es beneficioso para las grandes transnacionales y los grupos de presión industriales y financieros, ajenos totalmente al sentir y las necesidades de la población trabajadora y desempleada de la zona». Por todo ello, solicitan al Defensor del Pueblo Andaluz «que dé a conocer los resultados del informe que se encargó a la SEE e inicie la elaboración del informe final». En este sentido, piden que la elaboración del informe final «tenga en cuenta no sólo el dictamen de la SEE, sino las informaciones y demandas de las organizaciones y ciudadanos promotores de la queja por el estudio epidemiológico, para que las administraciones públicas responsables aborden el problema y orienten las políticas de desarrollo hacia un modelo alternativo menos lesivo para la salud de las personas y el medio ambiente».
