En un comunicado, España ha señalado que se trata de «un terreno público, que se quiere privatizar, y que tiene grandes posibilidades forestales, ganaderas, agrícolas y medioambientales en una de las zonas de más paro de Europa». No obstante, ha alertado de que «nunca se ha puesto en pleno funcionamiento por el Estado, en los más de 20 años que los ha tenido tras la expropiación de Rumasa por el expresidente del Gobierno Felipe González», ya sea porque «no se ha querido o por su ineptitud». «Esta privatización rápida solo sirve para esquilmar nuevamente el patrimonio de Andalucía», ha insistido el vicesecretario provincial del PA de Cádiz, quien ha advertido de que se trata de «una joya en todos los aspectos rurales que no les importa al PP lo más mínimo ni en que manos extranjeras terminará, pues parece que ya existen propuestas para la compra», ante lo que ha censurado «la falta de peso político de la Junta de Andalucía», que, como ha apuntado, «ya ha tenido tiempo de haber conseguido que no dejara de ser terreno público». Asimismo, ha instado a la Junta a conseguir que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encabezado por Miguel Arias Cañete, quien lo administra, «quiera dejar que pasen los terrenos al Gobierno andaluz y no a manos que especulen y acaben destruyéndolo». Para España, «es penoso» que «el único ministro del PP que ha sido diputado y senador y parlamentario andaluz por la circunscripción electoral gaditana, ya se haya olvidado de defender esta tierra». «Arias Cañete parece el gerente de una inmobiliaria que quiere vender esta gigantesca finca, según se comenta en la prensa, para fines turísticos de lujo asociados a la caza a inversores extranjeros, por un total de 300 millones de euros, cuando su deber era haber hecho un plan de pleno funcionamiento que podría dar muchos puestos de trabajo y riqueza, ya que tiempo ha tenido», ha afirmado. Los andalucistas gaditanos han asegurado que «en su provincia tienen muy mala suerte con los políticos que les representan», puesto que «si el eurodiputado por IU, Willy Meyer, que vive en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), colaboró activamente en dejar sin pescar a sus barcos en Marruecos, ahora Arias Cañete, que vive en Jerez de la Frontera, no tiene reparos en vender la finca más grande de la provincia a unos amigos o enemigos inversores extranjeros para que hagan su agosto». Igualmente, España ha aseverado que «ahora vendrán a vender el mundo de jauja», ya que «todo será legal, se podrá construir un aeródromo, un hotel de cinco estrellas, un campo de polo y dos de golf», así como «dará riqueza, trabajo y prosperidad», por lo que ha propuesto al ministro que «convenza» al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que «venda otra finca para hacer caja, como el Monte de El Pardo y su apéndice el Monte de Viñuelas, zona boscosa de Madrid», con gestión del Patrimonio Nacional –organismo estatal–, que «regula las posesiones que estuvieron en manos de la Corona». En este punto, se ha preguntado que «si como una finca está en Madrid y otra en Cádiz, a un territorio no se le puede pisotear y en Andalucía ya se está acostumbrado a que lo hagan».
