IAM/Redacción Indica la Asociación «Somos Tarifa» que los Estados miembros, en éste caso, España, representada por la comunidad autónoma de Andalucía y en concreto la Consejería de Medio Ambiente, no están facultados para aplicar excepciones basadas en la consideración de otros intereses de índole social y económica y sin embargo en éstos dos casos como docenas de casos anteriores lo han estado haciendo. Ambos proyectos se encuentran situados dentro de la Red Natura 2000.
Esta establece en primera instancia, una coherencia «primaria» derivada de la obligación de garantizar el estado de conservación favorable de hábitats y especies relacionados entre sí, a través de esta red de espacios.Según la Comisión europea, la conservación de los mismos, «no puede garantizarse a largo plazo si nos limitamos a proteger parajes naturales aislados, por mucho que sea su valor». Con la Red Natura se pretende un sistema vivo y dinámico que asegure su conservación, así como lo vienen exigiendo diferentes grupos ecologistas/sociales en el Campo de Gibraltar.Ésto, dice «Somos Tarifa» parece no haber llegado a los oídos de los poderes públicos que omiten sistemáticamente nuestros derechos a la conservación.Tampoco están facultados estos poderes, dicen, en aplicar excepciones de índole social y económica en la declaración de ZEPA ( Zona de Especial Protección de Aves), como está catalogada la zona de Estrecho por su alto potencial de migración de aves entre Europea y África.Manifiestan que existen suficientes Sentencias por parte del Tribunal Europeo en éste sentido y están siendo omitidas. (1)El Tribunal europeo ha manifestado que la clasificación como ZEPA, o sea, la protección para todas las especies de aves, no puede verse afectado por exigencias económicas.No hay que ser un erudito en la materia indican, para intuir que algo evidentemente no se está haciendo bien. La sociedad se siente impotente a defender su medio natural y cultural, desamparada por un lado por las actuaciones de los poderes públicos que no velan por el interés común y por el otro lado por la falta de independencia judicial certificada por la propia Unión Europea.Las declaraciones del alcalde de Tarifa ante la prensa, indicando que lamenta la suspensión del Proyecto «Eolo» por la presión social en virtud a la desinformación generada, indigna a la Asociación y manifiesta ésta que es hipocresía, por ser el propio Ayuntamiento el que está aplicando ésta «desinformación» no permitiendo debates públicos como corresponde en una sociedad moderna, crítica y participativa.Ante las declaraciones del concejal de Transparencia, indican que, no solo desconoce el significado de «Transparencia», por impedir sistemáticamente a la sociedad el acceso a información relevante, debiendo denunciar al Ayuntamiento en varias ocasiones ante el Consejo de Transparencia, sino que ahora demuestra igualmente desconocimiento en la materia medioambiental.Exigimos, indican, un cambio de rumbo y dejar los viejos ,obsoletos caminos del absolutismo e integrarse en una práctica sana de la democracia.
