Mariano Rajoy ha incluido la reivindicación sobre Gibraltar en el discurso que ha pronunciado ante la Asamblea General de Naciones Unidas, tal y como ya hizo el pasado año y siguiendo la estela de anteriores presidentes del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero o José María Aznar.

   En su intervención, el presidente español ha recordado que Gibraltar, colonia británica, está incluida desde 1963 en la lista de territorios no autónomos pendientes de deslocalización de esta organización. «Es el único pendiente en Europa, afectando aún a nuestra integridad territorial», ha subrayado.

   En este sentido, ha incidido en que este «anacronismo» colonial sigue causando «inconvenientes» a los ciudadanos de Gibraltar y de la zona adyacente y ha denunciado el incumplimiento de la legislación internacional por parte de Reino Unido.

   En concreto, ha recordado el mandato de Naciones Unidas según el cual Gribraltar no tiene la condición de «pueblo» con derecho a la autodeterminación y que apela a la negociación para una descolonización específica que desemboque en una reintegración territorial. Y ha hecho alusión también a la Declaración de Bruselas de 1984 por España y Reino Unido para establecer un nuevo proceso negociador.

   En esta línea, ha reiterado un nuevo llamamiento al Reino Unido para «retomar el diálogo bilateral y la cooperación regional». «Esta Asamblea General ha desarrollado una consolidada y universal doctrina legal sobre descolonización, que España ha hecho suya íntegramente», ha recordado Rajoy, quien ha apelado a la «legitimidad que otorga la doctrina universal de la Asamblea General» para reclamar la vuelta a las negociaciones.

   De hecho, el propio Rajoy reclamó en su intervención del pasado año en el mismo escenario abrir un diálogo «directo y sincero» sobre la deslocalización de la colonia británica argumentando que «se han perdido ya demasiados años» y abogó por la vuelta a las conversaciones bilatelares entre ambos países, que no se celebran desde el año 2002 por la oposición de Gibraltar a que Madrid y Londres hablen entre ellos de la soberanía del Peñón.

CONFLICTO ABIERTO ESTE VERANO

   La reivindicación sobre el tema de Gibraltar ha cobrado importancia en la Asamblea General de este año debido al conflicto abierto este verano, después de que las autoridades gibraltareñas lanzaran al mar 70 bloques de hormigón. Los pescadores españoles denunciaron que el objetivo era impedirles faenar y, de hecho, inutilizaron el caladero.

   El vertido provocó la denuncia de España ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante la Unión Europea, además de la aplicación más restrictiva de los controles en la Verja, con las consiguientes colas. Una decisión, esta última, que molestó a las autoridades de Gibraltar y tuvo como consecuencia la petición, por parte del premier británico a José Manuel Durao Barroso del envío de una comisión de expertos al Peñón para verificar si las medidas españolas se ajustaban a la legalidad. Algo que aprovechó España para pedir que también revisaran el contrabando y el blanqueo de capitales.

   Además y a pesar de las quejas de las autoridades gibraltareñas, el Gobierno ha insistido en que es su obligación realizar registros en la frontera, ya que la colonia no forma parte del espacio Schengen, y tiene que garantizar el cumplimiento de la legislación sobre el tráfico de personas, bienes y mercancías.

   La Comisión Europea finalmente ha decidido enviar una misión de observación a la Verja –que durante este miércoles ha analizado los controles fronterizos a ambos lados de la Verja, el supuesto contrabando y cuestiones relacionadas con el medio ambiente– pero que, según informó la Comisión esta semana, no se incluirá el blanqueo de capitales ni el fraude fiscal.

HABLAR ANTE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

   A principios de septiembre, durante su comparecencia en el Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ofreció a los grupos de la oposición dialogar sobre la posible reclamación ante los tribunales internacionales de la soberanía española sobre Gibraltar.

   Aunque el ministro ya dijo entonces que en el contencioso actual no se está discutiendo de soberanía, sino del cumplimiento de la normativa comunitaria en la colonia británica, esbozó cuál sería el escenario para «abordar» este «problema» que está «subyacente en todas las discusiones».

   Así, al hablar de la soberanía, explicó que existen tres «opciones», el Tribunal de la Haya, un tribunal arbitral ‘ad hoc’ y el tribunal de derechos del mar, que podrían dirimir sobre los tres contenciosos abiertos en la cuestión de la soberanía: el territorio cedido por el Tratado de Utrecht de 1713, las aguas colindantes al Peñón y el istmo que nunca se cedió.