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 El secretario provincial en Cádiz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), José Encinas, ha sido sancionado a un mes sin empleo y sueldo por falta «grave» a raíz de una entrevista realizada el pasado mes de agosto, y publicada en las páginas web Andalucíainformación.es, augc.org y elfaroverde.com, en las que Encinas remarcaba que los agentes de la Guardia Civil en tiempos de bonanza económica «continuaron siendo los peor pagados», y que en la actualidad a los recortes económicos se sumaba otro recorte «aún más oneroso: el de los derechos laborales y sociales».

   A través de un comunicado, la AUGC asegura que el Ministerio del Interior «en esta nueva legislatura» hace suyas las palabras del político italiano Giulio Andreotti cuando estaba en activo: «Gobernar no consiste en resolver problemas, sino en hacer callar a quienes los plantean».

   Indica la asociación que Interior «promociona» esta actitud en el seno de la dirección general de la Guardia Civil, «donde no es precisamente muy necesario animar a sus generales a la persecución implacable contra todo aquello que pudiera representar peligroso por aperturista, por transparente, por demócrata o simplemente por ser contrario a los silencios impuestos en lo referente a las necesidades le la Guardia Civil, de los guardias civiles, de la seguridad del Estado, y, consecuentemente, de una sociedad española cansada de engaños, silencios, opacidades y abusos».

   Así, detallan que Encinas comenzaba este pasado martes a cumplir la mencionada sanción por una entrevista en la que éste retrataba una realidad «tanto social como laboral» en la Guardia Civil que «en la que se ha pasado de nueve generales a 34, con todos los gastos cubiertos, y que ha derivado en una brutal militarización e interpretación de la disciplina aún más férrea y coercitiva que en el propio Ejército».

   Desde la AUGC critican los «privilegios» que el Gobierno mantiene «hacia la cúpula y oficiales superiores» de la Guardia Civil, «sobre todo en tiempos como los actuales en los que hay carencias de todo tipo para poder acometer las labores de seguridad ciudadana»; y subrayan las necesidades «acuciantes» del Cuerpo en la provincia gaditana «para poder responder ante la demanda de seguridad». «Por ello ha sido sancionado bajo la acusación de realizar reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina debida en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas», agregan.

   La asociación considera «curioso» que en el expediente «se tachen como aseveraciones falsas únicamente las manifestaciones en las que señala que no existen regulaciones de turnos y horarios laborales», mientras el resto de denuncias públicamente vertidas por Encinas «no se consideran aseveraciones falsas, lo cual da que pensar». Al hilo, critican que sí se considere sancionable «hablar de las decisiones políticas del Gobierno, y una falta de disciplina que daña a la Guardia Civil por el simple hecho de que un representante de una Asociación Profesional, no puede cumplir sus funciones en democracia».

   Esperan desde la AUGC «la misma celeridad» para que se expediente al jefe de la Comandancia de Cádiz, «a quien recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 le impuso una multa coercitiva de 150 euros para que cumpliera una sentencia que databa del año 2008 y que sí que afectaba al servicio». Esta, según apuntan, podría ser «una muestra de lo endiosados que se llegan a considerar con respecto al resto de la sociedad algunos elementos de la Guardia Civil».

   Concluyen que mientras se pretende «cerrar las bocas» de los representantes asociativos de los guardias civiles a base de expedientes «rebuscados» en Cádiz, la Unión Europea acaba de llamar «una vez más» la atención al Gobierno español en lo que respecta a la jornada laboral de los trabajadores de la Guardia Civil. Desde AUGC consideran «reprobable» que un sector de ciudadanos de este país sea «perseguido y reprimido brutalmente dentro del territorio nacional, mientras fuera de nuestras fronteras son oídos y considerados en sus derechos fundamentales».