Ecologistas en Acción valora positivamente el convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento para la construcción de la depuradora, pero denuncia los 14 de años de retraso de la obra, por lo que el próximo verano las aguas residuales de Tarifa seguirán vertiéndose directamente a la playa de los Lances.Ecologistas en Acción valora positivamente el reciente convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Tarifa (BOJA de 2 de enero) para la construcción de una depuradora de aguas residuales en el municipio. El coste de la depuradora es de casi 10 millones de euros. El convenio y la financiación de la obra durarán 3 años, aunque la mayor parte corresponde a 2014. El dinero sale del canon autonómico de depuración que pagamos todos los ciudadanos en nuestro recibo del agua.Ecologistas en Acción denuncia que esta obra llega con al menos 14 años de retraso. La Directiva europea que trata de la depuración de las aguas residuales urbanas es de 1991, obligando inexcusablemente a que todos los municipios de más de 15.000 habitantes (Tarifa tiene más de 20.000) depuren todas sus aguas residuales a más tardar a partir del 1 de enero del año 2001. La Directiva fue incorporada a la legislación española en un Real Decreto de 1995.Ecologistas en Acción ha venido denunciando en su campaña “Banderas Negras” la infracción legal, el daño al medio ambiente litoral y la amenaza para la salud que supone el vertido de las aguas residuales. Las aguas residuales de Tarifa se vierten a la playa de los Lances a través de una vieja tubería de unos 1.800 metros con multitud de fisuras.La infracción continuada de la Directiva mencionada en un gran número de municipios españoles de más de 15.000 habitantes llevó a la Comisión Europea, tras varios avisos previos, a condenar a España a una sanción entre 20 y 50 millones de euros.Dado que la obra todavía no está licitada, Ecologistas en Acción denuncia que el próximo verano las aguas residuales de Tarifa seguirán vertiéndose directamente a la playa de los Lances.Nadie, ni en la Junta de Andalucía ni en el Ayuntamiento de Tarifa, ha asumido responsabilidades políticas por estos hechos. Ningún juez, ni tampoco la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto caso alguno sobre ellos: ¿quién defiende al medio ambiente?.
