Todos somos iguales ante la ley. Por: Ángel Luis Jiménez

IAM/ALJ  La noticia hoy, mañana y hasta el día 27 de este mes, será que la infanta Cristina deberá acudir a declarar en los juzgados de Palma, como copropietaria de Aizóon y directiva de Nóos, imputada por el juez José Castro, que instruye el caso Nóos por apropiación indebida de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarín yerno del Rey, y su ex socio Diego Torres. Inicialmente la citación para el día 27, declarada de oficio por el juez sin petición de parte, no está apoyada por la Fiscalía que la va a recurrir. Pero el juez en un extenso y fundamentado auto de 18 folios razona los motivos por los que imputa a la hija del Rey, la única persona de la junta directiva del Instituto Nóos que aún no lo estaba. Ahora Zarzuela nos sorprende con la decisión de elegir a Miquel Roca como principal defensor de la hija del Rey.                                                                                                        El juez Castro en su auto de 18 folios, de forma sistemática, va desgranando los datos que justifican su decisión. «No se acaba de entender que el Rey no comente con su hija las críticas que había hecho llegar a su marido». Por eso, agrega «Surgen una serie de indicios que hacen dudar» de que [la Infanta] desconociera que su esposo la utilizaba como vocal en el ámbito de influencia de Nóos. «Conviene despejar en cualquiera de los sentidos, antes de finalizar la instrucción de esta pieza, la incógnita», señala finalmente el juez. El objetivo, agrega, es que no se perpetúe la duda con un cierre en falso de la investigación. Y, sobre todo, escribe Castro en coincidencia con el Rey en su mensaje navideño, se debe «Evitar el descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos». Pero como he dicho antes, para vergüenza histórica de la justicia española, será la Fiscalía Anticorrupción la que actúe como abogado defensor de la Infanta Cristina, junto a Miquel Roca. Es la primera vez que un familiar directo del rey se ve obligado a declarar como imputado en un juzgado y lo hará en un caso donde la corona tal vez no tenga responsabilidad penal, pero sí responsabilidad política. Es una rareza también que para esta citación el juez -muy consciente de dónde se mete- se vea obligado a justificar sus razones en un extenso auto. Y es también una de esas extrañas ocasiones en las que la fiscalía se opone a una simple declaración, sobre todo cuando existen motivos más que sobrados para justificar una citación, que ya tardaba, porque resultaba llamativo que no se llamara a declarar a la infanta Cristina, la única persona de la junta directiva del Instituto Nóos que como he dicho aún no estaba imputada. Estimo que es posible que hubiera una cierta actitud de no querer llamarla al principio, pero si no se le hubiera llamado ahora, todos habríamos pensado en un enjuague destinado a apartar a la hija del Rey de toda molestia procesal por el hecho de serlo. Además, hay que aclarar que los miembros de la familia del Rey carecen de fuero especial y, por tanto, si el auto de convocatoria adquiere firmeza -la fiscalía ha anunciado que va a recurrirlo- la hija del Rey habrá de acudir al juzgado como una ciudadana más. Por lo tanto, es imprescindible, que la justicia llegue hasta el final del caso Nóos, no solo por tratarse de un asunto grave de corrupción, sino de un escándalo que está causando un daño considerable al prestigio de la Monarquía y de la Nación española.

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