IAM/Redacción El juez condena al excontratado a devolver 30.000 euros al constatar que ni acudía al puesto.Foto diputación de Cádiz
Seis años cobrando «sin realizar tarea alguna y sin acudir al puesto de trabajo». Esta ha sido la trayectoria laboral de un empleado público de Cádiz que ha puesto en evidencia una sentencia judicial que condena al ingeniero J. G. V., ya jubilado, a devolver 30.000 euros al Ayuntamiento por salarios percibidos de forma indebida.
El arranque de esta rocambolesca historia tiene su origen en la Diputación de Cádiz, donde el condenado fue empleado público (personal laboral) hasta pasar al Ayuntamiento. Aprovechando una encomienda de gestión (encargo entre entes públicos), el Gobierno local, en manos del PP durante todo el periodo, destina en 2004 a este supuesto trabajador, «muy conflictivo» según sus excompañeros, a la estación depuradora de San Fernando.Las instalaciones estaban en ese momento en construcción y la tarea de J. G. V. era hacer un seguimiento de la obra, realizar inspecciones e informes periódicos de la misma y, una vez en marcha, hacer la supervisión de caudales y funcionamiento del servicio.La ejecución de los trabajos incluyó una oficina de cristal, conocida como «la pecera» por los empleados, para el desempeño de la labor encomendada.
