Para los vecinos del Cuartón, el Ayuntamiento de Tarifa ha venido actuando de forma negligente durante más de 30 años, siendo advertido por el Defensor del Pueblo Andaluz desde el año 1993 en distintos expedientes, del coste que para las arcas públicas supondría, y del atentado contra todas las normas superiores que, con esta dejación urbanística, se estaba cometiendo.
Esta negligencia que no es otra que, a pesar de no estar construida la urbanización, en 1995 otorgó la clasificación de suelo urbano, y en el año 2010 en la adaptación del Plan General a la nueva Ley de Ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA), y sin estar construida la urbanización, le otorgó el grado de urbano consolidado.
Como quiera que en todo este tiempo el Ayuntamiento ni promovió la terminación de la urbanización ni reclamó al responsable con el objeto de asumir las calles y zonas verdes, y habiendo transcurrido el plazo que la nueva Ley le otorgaba para obtenerlas, y ahora se le da la razón a dicho propietario a solicitar su expropiación, es decir, a recibir un justiprecio de la administración urbanística responsable, el Ayuntamiento de Tarifa.
Mayor indignación tienen los vecinos porque, según el Plan General, el destino de dichas calles y zonas verdes es público, y su propietario debía entregarlos al Ayuntamiento libre y gratuitamente, cosa que hizo el propietario de la urbanización antes de iniciar el contencioso y que fue rechazado por este Ayuntamiento porque la urbanización sigue sin estar construida ni terminada.
«¿Y ahora qué? , unas calles y servicios públicos que debían obtenerse gratuitamente ahora hay que pagarlas, y mayor perjuicio sin estar construidas ni terminadas. Pagarlas con dinero público, de nuestros impuestos, dinero que irá de menos a la educación, a la sanidad pública o a los servicios sociales y municipales. ¿a quién, o a quienes, hay que pedir responsabilidades en este caso?», lamentan.
Aseguran que no todo es dinero, también es el agotamiento moral y económico de docenas de pleitos y demandas, y del malestar entre los vecinos, quiénes vinieron a vivir con una seguridad jurídica y urbanística que han sido quebrantadas por el Ayuntamiento de Tarifa y por otros vecinos que han forzado el régimen jurídico para pretender subrogar a todos en los costes de conservación de la urbanización.
La asociación hace una reflexión de si con todo esto no debiera intervenir el derecho penal pues no es más insoportable para el sistema jurídico que esta contravención flagrante, disparatada y absurda de la dejación de la actividad administrativa, y de la distorsión jurídica de algunos vecinos que han perjudicado a las arcas públicas, a la administración de Justicia, y a la vida de muchos vecinos de esta urbanización.
