La amenaza se ha cumplido. El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, acaba de anunciar que este mismo año contará con un mecanismo para poder controlar el precio de los alquileres, medida que se ceñirá a las zonas más calientes y que supone ir un paso más allá de las políticas que hasta ahora había anunciado su ministerio.

«No pienso mirar hacia otro lado. No pienso estar ausente en la protección del derecho a la vivienda. Mi responsabilidad es mirar a los jóvenes de cara y decirles que tengan esperanza, porque este Gobierno no les da la espalda», ha dicho como antesala de la medida estrella que ha llevado esta tarde al Congreso: «Antes del verano traeré a esta cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas», ha dicho Ábalos.

Hasta ahora, su ministerio había centrado los esfuerzos en ampliar el periodo de vida de los contratos de alquiler a cinco y siete años; limitar al IPC el incremento de la renta durante este tiempo; crear un índice de referencia y diseñar un plan de colaboración público-privada que permita promover 20.000 viviendas, así como instar al resto de ministerios a que cedan suelos públicos para este objetivo.

Sin embargo, hasta ahora, su cartera se había resistido a aplicar medidas más intervencionistas, como es la fijación de topes de precio. «Es una medida en la que creo», ha señalado el ministro, quien ha sustentado este convencimiento en que «el derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear».

Antes de lanzar la iniciativa de control de precios, el próximo mes de marzo, el Gobierno publicará el índice de precios de viviendas en alquiler, otra de las medidas estrellas del Ejecutivo, ya que permitirá tener una radiografía real del mercado.

Precisamente, este índice sentará la base de la futura fijación de precios, ya que el instrumento de control de precios que Ábalos quiere aplicar se basará en este indicador, que el Estado determinará sobre los números que obtenga de las declaraciones de la renta.

Pero serán los ayuntamientos y comunidades quienes tengan la potestad de intervenir en el precio, fijando un topa a partir del precio medio que arroje el citado índice. Además, el ministerio está abierto a permitir incluir en el cálculo también las cifras que estas administraciones puedan tener de sus propios índices.

El instrumento que prepara Ábalos se basará en el índice de precios que tendrá listo en marzo, y serán ayuntamientos y CCAA quienes podrán poner topes

Este diseño, y las tensiones de precio que llevan tiempo denunciandose en Madrid y Barcelona, pone los cimientos a que sea en alguna de estas capitales donde puedan verse los primeros controles de precio, especialmente la segunda, cuya alcaldesa, Ada Colau, procede de movimientos sociales antidesahucios.

El ministerio todavía está analizando qué norma será la elegida para instaurar esta medida, ya que su deseo de tenerla lista para verano, lo que conlleva que no pueda incluirse en la futura Ley de Vivienda, ya que ésta no estará terminada para esa fecha. Con este escenario, las opciones que baraja el Ejecutivo es un decreto o introducir una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

No obstante, Ábalos ha definido este control de precios como una «una medida coyuntural y temporal», además de asegura que el Banco de España considera que «su impacto es mínimo con respecto al resto del mercado»

Vivienda social

El ministro también ha destacado que España es uno de los países de la Unión Europea con menos proporción de vivienda social, apenas un 2,5% del total. «Vamos a plantear una política de vivienda ambiciosa, a una escala mayor y sostenible en el tiempo, para recuperar lo antes posible el tiempo perdido», ha señalado Ábalos.

En este sentido, el ministerio ha vuelto a recordar su intención de desarrollar dos planes estatales: uno de rehabilitación, para promover actuaciones de regeneración y renovación tanto urbana como rural, y otro de acceso a la vivienda, mediante la promoción de vivienda asequible en alquiler social y el fomento del parque público de vivienda.

Además, Transporte está preparando una Ley de Vivienda estatal que prevé tener lista este año y que incluirá «establecer mecanismos para impedir la enajenación de los parques públicos de viviendas, evitando prácticas del pasado que no podemos permitirnos que vuelvan a repetirse», ha señalado, en clara referencia a la venta de viviendas que tanto la Comunidad de Madrid como el ayuntamiento de la capital protagonizaron hace cinco años a Goldman Sachs y Blackstone.