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El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha avanzado que el Gobierno prevé suprimir las 1.432 mancomunidades al completo en el marco de la Ley de Bases del Régimen Local y que serán las diputaciones provinciales las que se encarguen de gestionar las competencias de aquellos ayuntamientos que no lo puedan hacer dentro de los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de CEOE y Cepyme, el secretario de Estado de Administraciones Públicas ha asegurado que esta supresión afectará a «todas» y cada una de las 1.432 mancomunidades existentes, y ha admitido que «sin duda habrá supresión de cargos públicos» a raíz de esta medida.

Por otro lado, Beteta ha manifestado la voluntad del Gobierno de tener lista la Ley que regulará las administraciones locales «este año», por lo que ha asegurado que en caso de no alcanzar un acuerdo al respecto se hará «de todos modos».

El Gobierno ya ha elaborado un documento con su propuesta fruto de una comisión de expertos liderado por el Instituto Nacional de la Administración Pública, inspirada en la Ley de Estabilidad Prespuestaria.

Hasta la fecha, el Gobierno ha presentado esta propuesta a PSOE, CiU y PNV, y la ha remitido a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la espera de sus alegaciones.

«NO ES EXIGIBLE LA SUPRESIÓN DE MUNICIPIOS»

Según ha explicado Beteta, «no es exigible la supresión de municipios», no así que cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este sentido, ha señalado que aquellos ayuntamientos que no puedan financiarse con sus recursos serán gestionados por las diputaciones provinciales, que cumplen una función similar a la de las mancomunidades.

«Las diputaciones son las mancomunidad natural», ha dicho Beteta, quien ha añadido además que un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, que se presentará próximamente, revela que esta gestión global de los servicios municipales es 20 veces más barata que la individual.

En cualquier caso, el secretario de Estado de Administraciones Públicas ha indicado que «la voz de los ciudadanos se seguirá escuchando a través de los alcaldes y los diputados provinciales».