TCAM-SEVILLA/M.J.R.
En una entrevista con Canal Sur Radio, el vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha indicado que los funcionarios tienen que saber que en el momento que haya una recuperación de la economía «se les revertirán los elementos de derechos que se les hayan podido limitar en este espacio de tiempo, sobre todos aquellos que tienen que tienen el carácter de complementario, específico, productividad u horas extraordinarias».
Valderas ha explicado que en el acuerdo programático que PSOE-A e IULV-CA aprobaron se establecieron líneas rojas, como por ejemplo, «que nadie más vaya al paro desde la administración pública». Según ha apuntado Valderas, otras de las líneas rojas supone mantener el nivel de calidad de los servicios de educación y salud, sin entrar en el terreno de las privatizaciones.
En lo que se refiere a la posibilidad de aumentar la ratio en los colegios e institutos andaluces, el ‘número dos’ del Gobierno andaluz se ha mostrado en contra y ha indicado que dicha medida no se recoge dentro del acuerdo político-programático. «El nivel de la ratio no debe de aumentar con independencia de que haya que hacer otras políticas que vengan a atemperar los elementos dentro del servicio de educación», ha añadido.
Valderas ha destacado que en estos momentos existe una política «de imposición» por parte del Gobierno de la Nación sobre determinados ajustes y recortes para reequilibrar el déficit, unos recortes que no comparte y que cree que se podrían evitar con otro tipo de políticas encaminadas a abordar la economía sumergida, el fraude fiscal o la evasión de capitales.
Movilización ciudadana
Tras asegurar que habrá que luchar para que el déficit no sea un elemento que se tenga que santificar y al que se supediten todas las políticas, el vicepresidente del Gobierno andaluz también ha querido dejar claro que IULV-CA no es responsable de «una herencia» que hoy se recoge y de los Presupuestos de 2012, «a los que nos opusimos por considerar que no tenían la certidumbre de los ingresos desde el Estado».
Junto a ello, ha acusado al Gobierno de la Nación de incumplir el Estatuto de Autonomía de Andalucía y ha considerado que «posiblemente» haya que llamar al pueblo andaluz una «gran movilización social» en contra de las políticas que se están haciendo en Bruselas y que se «calcan» desde el Gobierno central. «Hay que cambiarlas y reorientarlas y eso solo se pueden hacer con grandes movilizaciones de carácter ciudadano», ha apostillado.
Finalmente, Valderas ha indicado que quienes están al frente de la vida pública y ejercen responsabilidades de Gobierno tienen que decirle a la gente las cosas tal y como están sucediendo, «a pesar de que puedan ser muy crudas». Y es que, según ha apuntado, «se están planteando políticas suicidas, casi imposibles, de ajustes inaceptables a las que me voy a seguir oponiendo, con independencia a ese sí o sí que el Gobierno central plantea a cualquiera de las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía».
Farmacéuticas
El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Pública y Relaciones Institucionales ha considerado que el Gobierno de la Nación se pone «del lado de las farmacéuticas y en contra de la ciudadanía», con el recurso presentado contra la subasta de fármacos de la Junta de Andalucía.
Valderas se ha pronunciado así después de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera a trámite este lunes el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central contra la subasta de fármacos del Gobierno andaluz.
Tras explicar que la Junta había buscado con esta medida una línea de orientación para ahorrar recursos al servicio de la ciudadanía, facilitando que los medicamentos tuvieran un menor nivel de coste, Valderas ha considerado que «no es una buena noticia» la admisión de este recurso, que «automáticamente» suspende que se puedan llevar a cabo las subastas.
«Andalucía por esa medida del Gobierno sale perdiendo y salen ganando las farmacéuticas, cosa que no se puede compartir hoy por hoy», ha añadido el vicepresidente del Gobierno andaluz.
En una providencia, fechada el 8 de mayo y a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal recoge que la Junta de Andalucía tiene un plazo de 20 días para aportar las alegaciones que considere oportunas, tras la admisión a trámite del recurso formulado por parte del Gobierno de la Nación.
El Consejo de Ministros anunció el pasado 30 de marzo que presentaba el conflicto de competencias al entender que la orden andaluza fija un nuevo régimen legal no previsto en la legislación básica estatal. Ese planteamiento del conflicto ya comportaba la suspensión de la resolución. La resolución de la Consejería andaluza queda suspendida desde el día 2 de abril, fecha en la que se interpuso el conflicto.
