Aunque bien intencionadas, la mayoría de las medidas del escudo social del Estado no llegan a todos los hipotéticos beneficiarios, debilitando ese pretendido escudo social. Según la Fundación Civio, cada anunció de una nueva medida viene cargada de promesas y grandes números, pero muchas de ellas se quedan sin gastar en todo su valor.
Esto sucede con el ingreso mínimo vital, el bono cultural o el cheque de 200 euros para personas de bajos ingresos afectadas por las consecuencias de la guerra de Ucrania. Según la ayuda, son decenas o cientos de miles de familias que tienen derecho a esa protección, pero no reciben el porcentaje del gasto asignado.
Las razones son varias, o bien porque no las conocen, o bien porque el trámite se hace cuesta arriba, o porque su solicitud, a veces sin motivo, es denegada. La Fundación Civio describe, por ejemplo, que el cheque de 200 euros no llega ni a la mitad de quienes tienen derecho a él por no superar los 14.000 euros de renta anual. Y en el caso del ingreso mínimo vital, solo alcanza a un tercio de los posibles beneficiarios.
En España, hay 932.000 familias sin ingresos laborales, que subsisten gracias a subsidios, y su riesgo de exclusión social y pobreza es muy elevado. Estas familias responden a un perfil común: viven en un hogar con un solo adulto activo (el 82% de los hogares), mujer (el 54% de los desempleados), y residen en el sur de España, donde se concentran las mayores tasas de paro, en torno al 17%, frente a la media nacional del 11,7%, casi el doble de la media europea.
Esto confirma varias ideas, que parecen obvias, pero debemos recalcar. Primero, que el escudo social del Estado no logra que las personas desempleadas dejen de ser pobres, lo que dificulta su reinserción en el mercado laboral. Y segundo, y mucho más grave, en algunos casos ni el acceso al empleo evita esa situación. Además, debido al precio de los alquileres, muchas de estas familias también terminan siendo okupas.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), con una prestación media de unos 500 euros mensuales brutos en 12 pagas, que se va incrementando en función del número de personas que integran el hogar, solo llega al 5% de las personas sin hogar, según un estudio elaborado por Nuria Badenes, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales (IEF).
En España hay 557.405 familias (1.669.361 personas) que perciben el IMV, según datos de febrero del Ministerio de la Seguridad Social. Aunque la prestación ha crecido mucho en los últimos años (arrancó en 2020 con 160.000 familias beneficiarias), los expertos coinciden en señalar que no alcanza a suficientes personas. Según los cálculos de la Airef, en 2022 solo alcanzaba al 36%, el 58% ni lo solicitaba.
Un estudio publicado recientemente por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, concluye que el 41% de los potenciales beneficiarios del IMV desconocen la existencia de la prestación, y que una alta proporción de los que tienen derecho a ella y no la reciben, piensan que no cumplen los requisitos (34%) o no les corresponde (42%).
El principal muro con los que se topan los que tienen derecho a este ingreso son las trabas burocráticas. Una de ellas, el requisito del empadronamiento, se puede capear al inscribir a los demandantes en un albergue local. Pero en Algeciras no hay ni albergue local, siendo una ciudad de paso o frontera entre dos continentes (Europa y África).
Otra, que los demandantes tengan una cuenta bancaria en entidades que se niegan normalmente a hacerles clientes por no tener ingresos. Así que, los posibles beneficiarios de la ayuda deambulan de administración en administración perdidos, sin ningún éxito.
Si esta ayuda llegase a todas las personas sin hogar a quienes corresponde o en peligro de exclusión social, el aumento de gasto para las arcas públicas sería de solo 130 millones de euros. La cantidad es baja para los 4.300 millones que se destinaron en 2023 para esta ayuda.
Antonio Muñoz Molina decía en un artículo, donde analizaba la debilidad congénita del Estado español, que pasamos por un momento en que las cartas certificadas se extravían, los trámites judiciales quedan empantanados en una maraña de procedimientos, la lista de espera es tan larga que el enfermo grave no llega a tiempo a la operación, o la pensión no es ingresada con puntualidad en la cuenta del jubilado.
Tengo claro que el escudo social está resultando mera teoría, y además es recibido con desconfianza por sus posibles beneficiarios, porque se ha convertido en una carrera de obstáculos que solo genera enfado, ansiedad y desesperanza. Cuanto mejor sería disponer de una Renta básica universal incondicionada, que evita la burocracia y los gastos que genera.
