IAM/RF Ahora el Gobierno socialista andaluz de Susana Díaz aprueba el uso del teletrabajo, al menos media hora diaria, para las casi 250 mil personas que trabajan en la administración pública andaluza. Y dice hacerlo para defender puestos de trabajo. ¿Dónde estaba la Sra. Susana cuando despidió a 4500 profesores de una tacada?, por ejemplo.
Y lo hace no por convicción, sino por oportunismo para mantener el pulso con el gobierno del PP en esto de si 35 o 37,5 horas de jornada semanal de los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Alguna lumbrera se le ha ocurrido recurrir a esta “novedad” del teletrabajo para, de esta forma, enmendarle la plana al tribunal supremo.
Y es una “novedad” esto del teletrabajo, de la que lleva hablándose algo más de 40 años. Una muestra, el trabajo titulado: EL TELETRABAJO EN ESPAÑA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI, de Hernández Nieto, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valladolid, concreta que “Las primeras referencias que se tienen del teletrabajo se producen en Estados Unidos en la década de los 70”, citando como fuente el estudio de PADILLA MELÉNDEZ, A.: Teletrabajo: Dirección y Organización, editado por Ra-Ma, Madrid, 1998, entre otros. También da el dato de que en España había “entre un millón y millón y medio de teletrabajadores», así como que en octubre del año 2000 el Grupo Popular en el Senado instaba al Gobierno a estudiar y elaborar un Informe sobre las condiciones sociales, sanitarias y jurídicas de los teletrabajadores, y sobre el futuro del teletrabajo. Además cita el Real Decreto Ley 3/2000, de Medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa y el Real Decreto-Ley de Medidas urgentes en el sector de las Telecomunicaciones, dictados por el Gobierno del PP en el BOE de 24 de junio de 2000.
Como se comprueba 17 años “lloviendo” sobre mojado, para que ahora, a la carrera, 250 mil personas trabajadoras de la Junta de Andalucía den el salto tecnológico obligado, en condiciones personales ni siquiera evaluadas, ya que un número importante de ellas ni siquiera cuenten con recursos tecnológicos en sus hogares y, en algunos sectores de la administración pública, tampoco con formación suficiente para ello. Un anuncio a bombo y platillo de una complejidad inmensa y de imposible gestión, a corto plazo, si es que de verdad hay voluntad para ello y no sólo el pretexto para seguir jugando, a buenos y malos, con las expectativas de quienes trabajan o desean hacerlo para la Junta de Andalucía.
