La legalización por el PP y Vox de los regadíos irregulares en Doñana contradice todas las recomendaciones científicas sobre este acuífero sobreexplotado. Es más, puede que la fresa de la zona dé de comer a una generación, pero no a la siguiente.

Las falsas promesas del PP a corto plazo son imposibles de cumplir, además de propiciar la degradación de un sistema único en el mundo como es Doñana. Los tesoros naturales no son antieconómicos sino todo lo contrario como bien se ha demostrado en países africanos arrasados.

Y todo esto por las elecciones municipales del 28 de Mayo, donde el PP espera conseguir votos de los municipios con mayores áreas de cultivos de frutos rojos, sabiendo que no hay agua disponible. Pero es que ya no hay agua ni para las fresas “legales”.

Lo terrible de la iniciativa del Gobierno andaluz es que su actuación fomenta el choque entre agricultores y Gobierno central, y lo sabe. Ya ha ocurridos antes con los caudales ecológicos del Tajo-Segura, que crispan las relaciones entre comunidades y la Administración General del Estado.

España sigue igual, pero se seca y no lo queremos aceptar. Durante este año, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las lluvias no han llegado ni a la cuarta parte de su promedio normal en el sur y el este del país.

Lo más probable es que este mes de abril sea el más seco de la serie histórica que empezó en 1995. Y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el trimestre que va de mayo a julio otra vez será más cálido de lo normal. Eso sin mencionar los posibles incendios forestales.

Porque lo normal, ha dejado de serlo. Nuestro presente se ha convertido en el período de transición a la nueva normalidad de la emergencia climática. Como ocurrió con la pandemia, toca adaptarse porque no hay alternativa a una realidad que se constata y se padece de norte a sur del país.

La sequía condicionará la cotidianidad de todos y también el modelo de desarrollo del conjunto del país, porque al afectar al turismo y a la alimentación todo se altera. Dar una respuesta desde la política a esta nueva crisis implicará explorar herramientas que forjen lealtad y permitan pactar y actuar, como se hizo en los días de las comisiones interterritoriales y las conferencias de presidentes de la pandemia.

Y no estamos hablando de ideología. Esto va mucho más allá del partidismo miope. Esta urgencia, que sitúa el territorio en el núcleo de la gobernanza desafía el modelo territorial imperante porque exige avanzar en dinámicas de federalización. Es un caso prototípico.

“Las fronteras político-administrativas cambian en función del bien común a preservar o gestionar”. Parece sentido común. Así lo plantearon hace un año los profesores De la Peña y Mondragón de la Universidad del País Vasco en un artículo sobre el nexo entre federalismo y sostenibilidad en España, centrado precisamente en la planificación hidrológica.

A falta de cultura federal e instrumentos de cooperación intergubernamental, la gobernanza multinivel que señala la directiva europea queda obstaculizada por el papel de decisor final de la Administración General del Estado y “los discursos de sesgo identitario que transforman los conflictos existentes con presuntos agravios regionales o nacionales”.

Así España irá a peor mientras el país se seca. La vía racional es el federalismo de los hechos como método para impulsar una planificación hidrológica en la que tienen que colaborar y estar implicados todos los niveles administrativos. Más claro que el agua. Una realidad más tozuda que un cazo. Así que hay que decidir ya en qué mundo queremos vivir.