Nunca hubiera podido pensar del expresidente del Gobierno Felipe González que dijera en una entrevista de estos días en El País, “es un error excluir a todos los imputados de las listas electorales”. Es más, aseguró que “en sus afanes de regeneración, los partidos sobreactúan y se equivocan”.Manuel Vicent dice que existe una infección cerebral, llamada ideología mórbida, mucho más contagiosa que la gripe del pollo o la enfermedad de las vacas locas, contra la que no existen vacunas. Uno de los síntomas de esta infección es una fiebre rara que les impide a los militantes de los partidos y a muchos ciudadanos ver el lado sórdido de los políticos. Aunque los medios de información descubran y aireen cada día sus delitos de cohecho, prevaricación, malversaciones de caudales públicos o robos descarados y sean imputados judicialmente, creen que sus tropelías no les atañen. Y lo peor es que los continúan votando y así seguirán con sus tropelías.Dos casos paradigmáticos de imputados han sucedido últimamente en el Campo de Gibraltar, aunque haya muchos más, como ejemplos La Línea (con la concejala y diputada provincial Inmaculada Olivero, PP), Jimena (con el exalcalde y actual alcaldable Pascual Collado, PSOE) y Tesorillo (Belén Jarillo, PP). Uno, la imputación por la Jueza Alaya del exalcalde de Algeciras, Diego Sánchez Rull (PSOE), por el delito de cohecho, y que decidió en su momento acogerse al derecho de no declarar hasta que se conociese el sumario en su totalidad, ni hacer declaraciones públicas.Esta ha sido una actitud ante una imputación grave, pero la otra, más atrevida y chulesca, ha sido la del alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), imputado por el delito de prevaricación por contratación irregular del antiguo secretario de organización del PSOE tarifeño, y que el fiscal ha elevado a escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral. Gil ya ha dicho que no piensa dimitir, porque considera ésta acusación del fiscal como un “tema menor” y seguramente no tendrá ninguna condena. Todo es posible, pero Juan Andrés Gil como decía un editorial de este periódico, ya está en la picota.En este país para acabar con la impunidad de tantos imputados o acusados por corrupción pública son necesarias al menos dos condiciones: Que los procesos penales para enjuiciar estos delitos no se eternicen agotadoramente por la falta de medios y cuenten con la colaboración eficaz de los organismos no judiciales implicados en el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, la Agencia Tributaria, pero sin la intervención del ministro Montoro, y los servicios de Inspección interna de las Administraciones y Ayuntamientos, sin olvidar a los partidos, que deben velar por la honradez de sus miembros sin esperar a que estén imputados.Y que esos mismos organismos supervisores estén en condiciones de ejercer un control extrapenal efectivo sobre las circunstancias que permiten la corrupción. En suma, de poco sirve endurecer el Código Penal, como hicieron PP y PSOE en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, si los controles previos al delito no son capaces de cortocircuitarlos. Baste recordar que en los casos de Algeciras (Sánchez Rull) y Tarifa (Juan Andrés Gil) han fallado los instrumentos de control de la actividad política, administrativa, urbanística, etc., que deberían, al menos haber dificultado sus infracciones. A estas alturas un ciudadano libre tiene la obligación de saber que votar a un gobierno corrupto o con imputados en sus filas -más de 100 políticos imputados concurrieron en las pasadas elecciones municipales de 2011- es un acto inmoral que hace cómplice de la corrupción a quién los vota.
