IAM/Opinión Una gran noticia de esta semana, que ha pasado desapercibida en los medios españoles, ha sido que el Tribunal de la Asociación de Libre Comercio ha dado la razón a Islandia en su negativa de cubrir las pérdidas de depósitos de clientes británicos y holandeses en la entidad bancaria “Icesave”, filial del segundo banco del país. Los tres bancos principales de Islandia fueron nacionalizados por el Gobierno de centroizquierda tras la quiebra del sector bancario en Octubre del 2008, aunque crearon depósitos bancarios para los residentes con el montante que tuvieran antes de la quiebra. Solo los acreedores o los inversores sufrieron las pérdidas bancarias. El Gobierno no aceptó trasladar ni trasladó estas pérdidas al resto de la población como ha ocurrido en España. Ahora, el Tribunal con sede en Luxemburgo ha rechazado la solicitud presentada por la autoridad supervisora de la Asociación de Libre Comercio, que consideró que Islandia había violado sus obligaciones de la directiva europea sobre esquemas de garantía de depósitos porque no garantizó el pago del monto mínimo de indemnización (20.000 euros en ese momento) a los clientes holandeses y británicos de la banca Islandesa. La Comisión Europea (CE) apoyó el argumento de las Autoridad supervisora, que ha sido ahora rechazado por el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio. Esto supone una importante victoria para Islandia en su disputa con Holanda y Reino Unido por las indemnizaciones a ahorradores de estos países con depósitos en bancos quebrados de Islandia. El Gobierno británico incluso llegó a utilizar su legislación antiterrorista para congelar activos islandeses y así presionar al Gobierno a pagar. También a través de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), bloquearon en su momento el pago de plazos de la ayuda internacional a Islandia a la espera de que se resolviera el «caso Icesave». Y además, obstaculizaron el progreso de negociación para el ingreso de Islandia en la UE. Pero el Gobierno islandés no cedió, aunque si consultó en dos ocasiones al pueblo islandés sobre el pago de las deudas bancarias de “Icesave” que los ciudadanos rechazaron también dos veces en referéndum. Este rechazo de los ciudadanos a asumir deudas bancarias ha librado a Islandia del destino de Grecia, Irlanda o España. El Gobierno de Islandia determinó tras su quiebra bancaria qué deuda era moralmente asumible y debía la sociedad ayudar a pagar y cuál no. ¿Por qué no lo hizo España? Me pregunto, cómo un pequeño país como Islandia se ha enfrentado al poder financiero europeo y a dos grandes países como el Reino Unido y Holanda, y sin embargo, España se ha sometido al mismo poder financiero asumiendo una deuda que no le corresponde al Estado y que al final pagará la sociedad española. Deuda que hipoteca nuestro futuro y el de nuestros hijos. Pero está claro que la diferencia entre Islandia y España está en que allí hay un gobierno eficaz, ajustado a la realidad económica, con sentido común y que no traslada a los ciudadanos las deudas de los bancos.
